Necesitamos más fiscales

No cabe duda de que la inseguridad se ha convertido en uno de los temas más importantes para la ciudadanía. Para enfrentar este problema, el gobierno se ha comprometido a actuar distintos frentes. Por un lado, fijó como meta despachar 31 proyectos de ley sobre seguridad antes de final de año, de los cuales solo se han aprobado 17 (55%). Así también, el proyecto de ley de presupuesto 2024 contempla un aumento del 5,7% de los recursos para orden y seguridad en comparación con el 2023.

Si bien los cambios legales y de recursos señalados son necesarios para que el país pueda enfrentar mejor la delincuencia, la seguridad debe ser pensada como un sistema en el que, si una parte no funciona adecuadamente, lamentablemente las mayores facultades y recursos corren el riesgo de no producir el efecto esperado o hacerlo quizás demasiado tarde.

Tal es el caso del Ministerio Público, que lleva tiempo con problemas para satisfacer la demanda por su servicio. Esto se traduce, por un lado, en peores cifras en materia de persecución penal: si el 2013 el 13% de los imputados por homicidios eran desconocidos, en lo que va del 2023 dicha cifra ya alcanzó el 40%. En diez años, los delitos archivados “provisionalmente” subieron del 42% al 58%. Y en el mismo periodo, los delitos con salida judicial bajaron del 46% al 31% (Horizontal, 2023). Por otra parte, se traduce en desconfianza hacia la justicia: solo el 17% y 16% de las personas confía en fiscales y tribunales de justicia, respectivamente (Encuesta CEP, 2023).

Es cierto que este año se han hecho importantes cambios para mejorar esta situación. Algunas normas aprobadas en el fast track legislativo le entregan a los fiscales más facultades para perseguir mejor a los imputados. También, el proyecto de ley de presupuestos aumenta en $9.324 millones el gasto en personal del Ministerio Público y establece que, trimestralmente, este deberá informar a las comisiones especializadas de ambas Cámaras sobre la disponibilidad presupuestaria para mantener un promedio de causas por fiscal menor a 1.000.

Sin embargo, se trata de recursos insuficientes para que el Ministerio Público pueda lograr dicha meta. El 2022, con 768 fiscales, el número de causas anuales promedio fue de 1.771. Para llegar a mil casos por cada uno, se habrían necesitado 592 fiscales más. Ojalá que esta falta de coherencia entre metas y recursos no solo se aclare en el debate presupuestario, sino que también sea prioritario para que el país disponga de un Ministerio Público con la capacidad humana adecuada para responder a la cada vez más compleja demanda por persecución penal.

Esta columna se publicó en La Segunda.