Sistema político, jugando con fuego

Recientemente el presidente del Senado le pidió al Gobierno ampliar el “fast track” legislativo en materia de seguridad. Se trata de una urgencia necesaria, dado que todavía no se ha logrado normar un sistema de seguridad pública coordinado por metas comunes de prevención, control, persecución, cumplimiento de penas y reducción de la reincidencia.

En efecto, entre los proyectos de ley del “fast track” todavía pendientes, se encuentran, entre otros, la creación del Ministerio de Seguridad Pública, el fortalecimiento y modernización del Sistema de Inteligencia del Estado (SIE), las reglas de uso de la fuerza, el fortalecimiento municipal en seguridad pública y prevención del delito y la creación del Subsistema de Inteligencia Económica. De estos, la creación del Ministerio de Seguridad es el corazón del resto del sistema, mientras que la modernización del SIE y el perfeccionamiento de los instrumentos para seguir la ruta del dinero, son una condición necesaria para la toma de decisiones preventivas frente amenazas graves a la seguridad nacional, como lo es el terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico.

Por otra parte, es cierto que la aprobación de la Ley N°21.577 representó un avance en materia de combate al crimen organizado, ya que lo definió de mejor manera y estableció el comiso de las ganancias provenientes de dichos delitos –incluyendo las de quienes que, sin intervenir en la perpetración de los hechos, se hubiesen beneficiado de ellos–. Sin embargo, aún falta la contracara de esta ley, que es una reforma carcelaria que robustezca las normativas específicas para las secciones de alta y máxima seguridad en los recintos penitenciarios, para que el Estado recupere el control de las cárceles.

Por último, sigue pendiente el avance legislativo en normativas que habiliten al Estado a mejorar el control de sus fronteras. Según datos de la PDI, entre el 2022 y el 2023 se registraron 98 mil personas que ingresaron por pasos no habilitados, superando en dos años el total de ingresos consignados entre el 2018 y 2021. Dicha inmigración no solo es perjudicial para la prevención del delito, sino también para los migrantes expuestos a la extorsión y redes de tráfico de personas.

La ampliación del “fast track” legislativo se debe hacer cargo de estos desafíos de corto y mediano plazo, sin perder de vista que la seguridad pública requiere de una agenda comprehensiva, que potencie la coherencia en los incentivos y el intercambio de información entre organismos para asegurar una respuesta más ágil y efectiva ante los problemas de inseguridad y violencia que enfrentamos.

Esta columna se publicó en La Segunda.