Municipalidades en la mira

A pesar de que los resultados de la gestión municipal sean los más inmediatos y visibles del Estado para la ciudadanía, paradójicamente las municipalidades no han sido objeto del mismo nivel de modernización que el gobierno central. Esta falta de mejora en los instrumentos de gestión y control local ha tenido como consecuencia diversos problemas que en ocasiones se presentan al mismo tiempo, como el uso ineficiente de los recursos públicos y la corrupción.

En efecto, tras estimar la eficiencia municipal de 324 municipios, Pacheco, Sánchez & Villena (2020) concluyeron que las municipalidades tienen un grado relevante de ineficiencia, ya que podrían lograr la misma provisión de servicios con un 53%-61% menos de recursos.

A esto se suma una preocupante declaración del fiscal regional de O’Higgins, quien aseveró que más de la mitad de los municipios en Chile están siendo investigados por corrupción. Del mismo modo, el Consejo de Defensa del Estado ha señalado que se ha querellado por irregularidades detectadas en 135 municipios entre 2009 y marzo 2023. La percepción pública es igualmente desalentadora, con un 65% de los encuestados por Cadem (2024) considerando que la corrupción está “muy extendida” en las municipalidades.

Todos estos antecedentes hacen que en general la ciudadanía desconfíe de la política y los partidos políticos, razón por la que tanto la ineficiencia como la corrupción repercuten directamente en las urnas. En este sentido, la tendencia creciente hacia el triunfo de candidaturas independientes fuera de pacto en elecciones de alcaldes, que pasaron del 15% en 2016 al 30% en 2021, es una clara advertencia de que la mala selección de candidatos a alcalde y no haber mejorado los controles y externos e internos de los municipios no ha sido gratis.

Lamentablemente, las propuestas en materia de integridad pública durante este gobierno tardaron demasiado en llegar y su impacto sobre la corrupción será posterior a las elecciones de este año. Sin embargo, más allá de la contingencia, es imperativo que la modernización y prevención de la corrupción en las municipalidades sean siempre una prioridad permanente del Estado. De lo contrario, no serán solo los partidos políticos los que sufran las consecuencias, sino los pilares mismos de la democracia representativa.

Esta columna se publicó en La Segunda.