La Araucanía: sin derecho a la vivienda

Últimamente se ha experimentado un mayor aumento de la inseguridad en la región de La Araucanía, ligado, entre otros factores, a la toma ilegal de predios. Según agricultores de la zona, se estaría desatando una competencia entre comunidades mapuches por marcar y embanderar terrenos. Si bien esta dinámica se inscribe en el denominado conflicto histórico, la situación descrita responde a razones concatenadas de distinta naturaleza, a saber, el diseño de los instrumentos existentes para la ampliación de tierras indígenas, la ausencia del Estado de Derecho y el proceso constituyente en curso.

En cuanto a lo primero, la ley N°19.253 contempla cuatro medios para la ampliación de tierras indígenas, entre los que se encuentra la compra de predios en conflicto (art. 20, letra b). Al respecto, Donoso (2017) ha argumentado que este instrumento ha tenido una responsabilidad directa y principal en el grave deterioro de la convivencia en la zona sur del país, ya que establece una forma de restitución o ampliación de tierras sensible al ejercicio de la violencia. Esto último se refuerza al constatar que cuando hay más violencia en la macrozona sur, aumentan los recursos destinados a los Fondos de Tierras y Aguas y la cantidad de hectáreas que son entregadas a las comunidades (Donoso, 2017).

En segundo lugar, se encuentra la ausencia del Estado de Derecho. Este se manifiesta cuando la ley civil no logra ser lo suficientemente efectiva para resguardar, de manera generalizada, la vida y propiedad de cada cual. En este contexto, las posesiones de los habitantes de la región parecieran ser de facto provisorias, donde el modo voluntario de adquirir la propiedad retrocede frente a la imposición unilateral de organizaciones dispuestas a amedrentar a quienes se les opongan. Esta posesión fáctica de la tierra, en el marco del proceso constituyente, tiene el potencial de devenir legal, en tanto el borrador contempla, para la población indígena, el derecho a las tierras y territorios, siendo la restitución el mecanismo preferente para asegurarlo.

La competencia ilegítima por la demarcación de la tierra, la ausencia del Estado de Derecho y la expectativa de que la nueva Constitución podría consolidar la posesión de los terrenos que se han tomado a la fecha, tienen relación sinérgica con el aumento de la violencia que se vive en la región. El gobierno ha sido dubitativo en establecer el estado de emergencia y ha anunciado, en su cuenta pública, subsidios orientados a reparar el daño económico provocado por la toma ilegal de predios. Sigue abierta la pregunta de si los habitantes de la zona podrán seguir disponiendo de su propiedad o si el Estado de Chile ha renunciado a proteger los derechos de sus ciudadanos.

 

*Publicada en La Segunda.