Frenos y contrapesos en Municipalidades

A pesar de su cercanía con la ciudadanía y gestionar 2,7% del PIB, los gobiernos locales en general y las municipalidades en particular han sido constantemente postergados de un adecuado diseño de frenos y contrapesos internos que evite la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos y asignación de cargos. Y es por esta razón que, recurrentemente, hemos sido (y seguiremos siendo) testigos de lamentables escándalos que profundizan la decepción de la ciudadanía con la política.

Si las instituciones realmente hubiesen funcionado, se habrían limitado oportunamente los gastos injustificados de Cathy Barriga y que, según la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, no beneficiaban a los vecinos de Maipú, sino que tenían por fin enaltecer la imagen de la ex autoridad.

¿Qué falló? Principalmente, los mecanismos de control interno del municipio, que son la Unidad de Administración y la Unidad de Control. La primera es la encargada de asesorar al alcalde en la administración financiera de los bienes municipales, visar los decretos de pago, llevar la contabilidad municipal, efectuar los pagos municipales y rendir cuenta a la Contraloría. Y la Unidad de Control es la que debe realizar auditorías operativas internas de la municipalidad con el objeto de fiscalizar la legalidad de su actuación. También, es la responsable de controlar la ejecución financiera y presupuestaria municipal y colaborar con el concejo municipal para el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras. Si el alcalde coopta a estas unidades, como pasó en Maipú, el concejo municipal queda sin poder fiscalizarlo, pues depende de la información que ellas le entregan.

Por lo tanto, una pregunta fundamental en el diseño institucional de las municipalidades es de qué manera se podría evitar esta cooptación de los directores de la Unidad de Control y de la Unidad de Administración. Una alternativa podría ser elevar las actuales exigencias académicas junto con introducir mecanismos de selección a través Alta Dirección Pública.

El problema de fondo es la excesiva permeabilidad que tiene la administración pública con respecto a los gobiernos entrantes, sean estos a nivel central o local. Si como sociedad queremos avanzar en la necesaria descentralización política, fiscal y administrativa, lo primero es asegurar que existan áreas del Estado que sean insensibles a los cambios de autoridad política, sin perjuicio de las directrices contingentes que estas le puedan indicar a los servidores públicos. De lo contrario, nuestra institucionalidad seguirá siendo vulnerable ante la corrupción y el mal uso de los recursos públicos.

Esta columna se publicó en La Segunda.