Sin transar no se puede avanzar

Recientemente, tanto dirigentes del Partido Comunista como del Frente Amplio han buscado instalar la tesis de que, para que el actual gobierno pueda cumplir con su programa en los años que le restan, es necesaria una mayor “intensidad de la movilización social” y “trabajar en que la ciudadanía le exija al Presidente” el cumplimiento de sus promesas.

Es cierto que es legítimo que en una democracia existan protestas y movilizaciones en torno a múltiples causas, siempre que estas no se desplieguen a costa de los derechos de terceros. También es verdad que el resurgimiento de las marchas en esta segunda parte del gobierno podría ser eficaz para que –dependiendo del éxito que estas tengan y en orden ascendente– (i) se reinstalen en la agenda demandas que han sido postergadas y que se encontraban en el programa de gobierno, (ii) se modifiquen, ingresen o dé urgencia a proyectos de ley que incluyen dichas demandas, y (iii) se aprueben los respectivos proyectos de ley, lo que representa el máximo éxito de cualquier movilización.

Sin embargo, hay distintas razones que llaman a desaconsejar “las movilizaciones” como medio idóneo de acción, precisamente por el impacto negativo que tendría en las posibilidades de que dichos proyectos de ley se aprueben.

En primer lugar, se debe tener presente que el oficialismo tiene minoría tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. A pesar de ello, el Ejecutivo no posee, a diferencia del gobierno anterior, una oposición recalcitrante, sino negociadora. Y es por ello que la actual administración ha buscado la aprobación de sus proyectos moderando sus iniciativas y buscando acuerdos.

En consecuencia, si las movilizaciones lograsen ser efectivas en influir y modificar los proyectos de ley, lo harían al costo de reducir la posibilidad de que dichas iniciativas sean aprobadas. Dicho de otra forma, si los partidos oficialistas encabezasen presiones extrainstitucionales al Congreso, la actual dinámica relativamente cooperativa se tornaría de suma cero, donde los beneficios potenciales, incluso de quienes asistirían a dichas marchas, pasarían de ser moderados a nulos.

En definitiva, retomar las marchas no es la mejor estrategia para el oficialismo. Por el contrario, podrían generar más obstáculos. Si el gobierno quiere hacerse cargo de las dificultades que tiene para legislar, necesita más pericia técnica y habilidad política para persuadir de que los instrumentos que proponen son sostenibles y deseables, aprovechando las oportunidades de acuerdo que ofrece la oposición. Solo así se podrá avanzar responsablemente en las reformas que el país necesita.

Esta columna se publicó en La Segunda.