Hacia un poder judicial blindado

A semanas del juicio contra “Los Gallegos de Caracas”, previsto para el 22 de abril en Arica, se ha puesto de manifiesto una realidad ineludible: la vulnerabilidad de nuestros jueces frente al crimen organizado. La tentativa de inhabilitación de tres magistrados, aunque frustrada por la Corte de Apelaciones de Arica, es un claro indicio de las presiones y peligros que enfrentan.

Ante esta situación, la Corte Suprema ha tomado medidas extraordinarias, como la eliminación temporal de datos personales de los jueces involucrados de los sitios web, buscando proteger su integridad. Sin embargo, estas acciones no son más que paliativos ante una amenaza persistente y evolutiva.

Frente a esta situación, una solución audaz y necesaria es la creación de un tribunal supraterritorial especializado en crimen organizado, terrorismo, narcotráfico, entre otros delitos de alta complejidad, que siga el ejemplo de la Audiencia Nacional de España. Esta última es un tribunal centralizado con jurisdicción en todo el territorio nacional y conoce delitos vinculados al crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico.

Siguiendo este ejemplo, el tribunal supraterritorial propuesto debe conocer todos los casos asociados a esos delitos, independientemente del lugar en su comisión, tanto para evitar las amenazas o presiones que pueden sufrir los jueces, como también para generar un corpus coherente con respecto al crimen organizado y el terrorismo.

En este sentido, la especialización de la jurisprudencia podría ser otro beneficio de la creación de un tribunal supraterritorial. Del mismo modo, la sistematización de un Código Contra el Crimen Organizado, inspirado en la experiencia italiana, proporcionaría el marco legal necesario para enfrentar esta clase de delincuencia con mayor eficacia.

Por supuesto, la dimensión penitenciaria no puede ser pasada por alto, ya que muchas veces la delincuencia sigue operando desde las cárceles. En esta línea, es imperativo establecer regímenes de segregación reforzado para los jefes y miembros relevantes de las organizaciones criminales, inspirado en la “carcere duro” de Italia, asegurando así una mayor protección para los jueces y reos junto con establecer una disuasión efectiva contra estas redes delictivas.

La conformación de un tribunal especializado supraterritorial, la creación de un código contra el crimen organizado y la implementación de regímenes de segregación reforzados son medidas esenciales para blindar a nuestro Poder Judicial y garantizar la justicia en una sociedad cada vez más desafiada por los violentos delitos del crimen organizado y el terrorismo.

Esta columna se publicó en La Segunda.