Análisis de la variación del empleo público 2022-2024
Entre marzo 2022 y septiembre 2024, la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) del INE estima que el número de funcionarios públicos del gobierno general (principalmente Gobierno Central y municipios) ha aumentado en 104.076 personas. En la última década, un crecimiento similar se produjo durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, que en septiembre de su tercer año de gobierno alcanzó una variación de 118.755 nuevos funcionarios. En el caso del segundo gobierno de Sebastián Piñera y durante la misma temporalidad, el crecimiento fue de 82.326 asalariados en el sector público.
La variación del empleo público consignado por ENE tiene un importante impacto mediático. En este sentido, el objetivo de este documento es identificar dónde se encuentran estos nuevos empleos públicos. A partir de fuentes públicas de datos (Dipres), solicitudes por transparencia y levantamientos propios de información, estimamos que el crecimiento en el sector entre marzo 2022 y septiembre 2024 fue de aproximadamente 108.122 funcionarios.
Este aumento se explica, principalmente, por una mayor cantidad de funcionarios de municipios (+53.003 funcionarios), Servicios de Salud (+16.562) y Servicios Locales de Educación (+16.078). El aumento de estas tres instituciones explica el 64% del crecimiento total. El gobierno central (excluyendo Servicios de Salud y SLEP) ha crecido solo en 5.868 cargos, siendo incluso más bajo que en gobiernos anteriores en el mismo periodo (20.411 durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet y 16.646 en el segundo gobierno de Sebastián Piñera).
A nivel municipal, diez comunas explican el 36% del aumento total municipal, lideradas por Quilicura (+3.952), Osorno (+3.227) y Chillán (+2.170). En Educación Superior, la Universidad de La Frontera encabeza el aumento de personal con 4.623 nuevos funcionarios, seguida por la Universidad de Chile (+1.935) y la Universidad de Valparaíso (+1.708).
La falta de un registro único y actualizado de personal público a nivel nacional sigue limitando la trazabilidad, fiscalización y gestión eficiente de recursos humanos en el Estado. Esta carencia evidencia la urgencia de contar con un sistema integrado de dotación pública que permita una visión completa y unificada sobre el empleo estatal, indispensable para una gestión fiscal responsable y una planificación efectiva de los recursos públicos.
