Contrario al sello igualitarista de este gobierno, la falta de acción oportuna para subsanar los perjuicios formativos generados por la pandemia y la condonación del CAE, solo profundizará la desigualdad. Todavía estamos a tiempo para que así no sea. Por: Alfonso España
Arriesgar un proceso único y difícilmente repetible basando el comportamiento en la tesis de que los acuerdos ya son suficientemente transversales es una mala idea. Apostar por mayores grados de consenso pareciera ser el camino a seguir. Es por eso que el uso antojadizo de las cifras para hacer una defensa corporativa de la Convención es contraproducente. Por: José Antonio Valenzuela
Se escribió un capítulo más en la triste historia de los retiros. Si bien el rechazo de ambos proyectos es una buena noticia en el contexto de desorden e ingobernabilidad actual, no podemos olvidar que solo se rechazó un proyecto inconstitucional y otro proyecto que era muy malo. Por: Juan José Obach
Hoy más que nunca, necesitamos de información confiable para identificar brechas y apoyar a los estudiantes más desventajados. Las pruebas estandarizadas no constituyen el objetivo último de la educación o una amenaza a los docentes, sino un medio para apoyar la labor de los colegios y ajustar las políticas públicas a las necesidades de las comunidades educativas. Por: Alfonso España, Juan José Obach y Magdalena Plant.
El presidente Gabriel Boric ha afirmado, osadamente, que cualquier Constitución sería mejor a la que tenemos actualmente, pero si la nueva no recoge las iniciativas populares, socavará las libertades, la igualdad formal, fragmentará el país, perjudicará las oportunidades y no logrará resolver las diferencias políticas a través del consenso, sino de la imposición, difícilmente podrá ser el fundamento de una mejor democracia. Por: Alfonso España.
No solo se busca aumentar el salario mínimo de los actuales $350.000 a $500.000 hacia fines del mandato -el aumento más grande de nuestra historia reciente-, sino que al mismo tiempo reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. Es decir, si la búsqueda por mejores salarios fuese un desafío de natación, el gobierno espera nadarlo con una mano atada a la espalda. Por: Alfredo Maira.