Un desafío para la política

Recientemente fue publicado el informe de la Comisión para la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL) y el Estado. El documento es valioso por su diagnóstico y porque las medidas que contiene definitivamente contribuirán a modernizar nuestro Estado y a mejorar su relación con la sociedad civil.

Sin embargo, si uno debiese identificar alguna debilidad, éstas serían dos. Primero, la falta de sugerencia en la priorización de las medidas que se podrían implementar en el corto plazo. En efecto, de las cuarenta y cinco soluciones propuestas, solo tres son catalogadas de gestión y otras tres serían administrativas. En este sentido, el gobierno deberá priorizar aquellas que tengan un efecto positivo sobre el Estado en el corto plazo y que se relacione directamente con los escándalos. De todas las medidas legislativas contenidas en el informe, hay tres que cumplen estas condiciones: (i) la Ley General de Transferencias, (ii) la creación de un portal único de personas jurídicas sin fines de lucro y (iii) la reforma que faculta a la Contraloría para fiscalizar la contabilidad de las corporaciones municipales o regionales y a las IPSFL cuando la mayoría de sus recursos anuales provengan del Estado.

Una segunda debilidad consiste en la carencia de mayores medidas para perfeccionar la prevención de los conflictos de interés, más allá de las incompatibilidades para relaciones de pareja no formalizadas e hijos en común. Al respecto, es necesario recordar que el escándalo no solo se reduce a la eventual corrupción en que incurrió una persona que se relacionaba informalmente con otra, sino a que militantes del mismo partido político utilizaron sus posiciones de poder para beneficiarse entre sí. Para enfrentar esta debilidad, la Comisión no solo debió haber sido mandatada a pronunciarse sobre el empleo público, sino que también tendría que haber incluido mejoras a las declaraciones de interés y patrimonio (DIP). Por ejemplo, si compartir un partido político puede ser fuente de conflicto de interés, no parece haber razón que sea lo suficientemente fuerte como para que no se norme que esto sea incluido en las DIP.

Más allá de estas consideraciones, el informe de la Comisión contiene una serie de medidas que ayudarán a que tengamos un mejor Estado, aunque siguió ausente todo lo relacionado con el empleo público. Así, el desafío de largo plazo consiste en que la política sea capaz de concordar un cambio estructural y no solo sectorial para mejorar el servicio civil, haciéndolo menos sensible a los cambios de gobierno y más profesional.

Esta columna fue publicada en La Segunda.