Todavía estamos a tiempo
Si bien la calidad en la educación y la búsqueda de un país más igualitario fueron banderas del movimiento social y político del que emergieron los dirigentes que hoy gobiernan al país, a la fecha no hay un plan educativo integral para enfrentar las brechas formativas entre estudiantes de distinto nivel económico y tipo de establecimiento.
A la desaventajada situación en la que se encontraban los niños, niñas y adolescentes de familias vulnerables y matriculados en las escuelas públicas previo a la pandemia, los cierres de escuelas agregaron una importante pérdida de aprendizajes. Según modelaciones del Mineduc y el Banco Mundial (2020), esta podría ser del 88% promedio en aquellos establecimientos que estuvieron cerrados durante todo un año. Pero esta es solo una estimación, ya que a la fecha no existen datos estandarizados para que la autoridad o la sociedad civil puedan saber la magnitud real del perjuicio que la pandemia significó para la formación y salud mental de los estudiantes.
En el marco del plan de evaluaciones Simce 2021-2026, para este año están contempladas un total de 11 pruebas censales para 2°, 4°, 6°, 8° básico y 2° medio, que miden tanto los aprendizajes como el estado emocional de los secundarios. A partir de esta información, el gobierno podría orientar con precisión una política integral de reparación de los aprendizajes. Sin embargo, el Mineduc recientemente solicitó al Consejo Nacional de Educación (CNED) la suspensión del Simce 2022, en un Oficio que no incluía una propuesta con los antecedentes y fundamentos de la decisión del Ministerio. Lo trágico de esto es que, en caso de postergarse, la actual administración recién tendría los datos para actuar a la mitad de su mandato, lo que es demasiado tarde para prevenir un daño formativo permanente.
En paralelo, el gobierno ha anunciado la condonación de la deuda del CAE y del FSCU, cuyo costo supera los US$ 16.000 millones. Chile es el país de la OCDE que más gasto público destina a la educación superior y que tuvo más tiempo clausuradas sus escuelas. Además, es en la infancia donde las desigualdades pueden ser corregidas. Así, no se justifica el desembolso de importantes recursos a personas que ya estudiaron y egresaron de la universidad. En vez de ello, debiera ser prioridad nacional atender la pérdida de aprendizajes y menoscabo emocional de los estudiantes que más se vieron perjudicados por los cierres de establecimientos.
Contrario al sello igualitarista de este gobierno, la falta de acción oportuna para subsanar los perjuicios formativos generados por la pandemia y la condonación del CAE, solo profundizará la desigualdad. Todavía estamos a tiempo para que así no sea.
*Publicada en La Segunda.
