No es el tamaño de la Cámara, es el sistema electoral

Recientemente los consejeros constitucionales ingresaron una serie de enmiendas a la propuesta de nueva Constitución elaborada por la Comisión de Expertos. Entre ellas, hay una que busca reducir la cantidad de diputados a 132. Si bien esta medida suscita un amplio apoyo ciudadano debido a la alta desconfianza hacia los partidos políticos y el Congreso Nacional, hay poca evidencia que permita sostener que esta reducción del tamaño del órgano legislativo sea deseable para nuestra democracia.

El tamaño de la Cámara de Diputados tiene efectos sobre la representación ciudadana. Una cantidad de legisladores demasiado grande puede provocar que el proceso legislativo se vuelva poco manejable, es cierto. Pero una cámara legislativa muy pequeña puede generar desafección entre votantes y representantes, junto con perjudicar la comunicación entre estos y el electorado. En consecuencia, hay una relación sistémica entre el tamaño del órgano legislativo y la población del país.

Para saber si en Chile la cantidad total de diputados es demasiado grande es necesario compararlo con otros países. Una forma de hacer esta comparación es utilizando la tasa de representantes por cada cien mil habitantes.

Al respecto, Chile tiene una tasa de 0,8 diputados por cada 100.000 habitantes, mientras que el promedio OCDE es de 2,5. Si solo se considera a los países bicamerales de la OCDE, el promedio baja a 1,3, manteniéndose por arriba de nuestro país. Esta última cifra es también el promedio de diputados por cada cien mil habitantes de América Latina. Uruguay y Costa Rica, que comparten la cualidad de “democracia plena” junto a Chile (The Economist, 2023), tienen una tasa de 2,9 y 1,1, respectivamente. Y si bajásemos la cantidad de diputados a 132, nuestra tasa caería a 0,67. Por lo tanto, no hay evidencia que permita sostener que Chile tiene un órgano legislativo demasiado grande con respecto a su cantidad de habitantes.

En suma, es cierto que la Cámara de Diputados sufre problemas de coordinación que derivan en el estancamiento del sistema político y la producción de leyes, pero no hay evidencia que señale que ello se deba a su tamaño. Este problema, más bien, deriva de que poseemos un sistema electoral excesivamente proporcional, que multiplica la cantidad de actores políticos con veto y desincentiva la disciplina partidaria.

Esta columna se publicó en La Segunda.