Modernización del Estado y subsidiariedad

En el reciente informe lanzado por el PNUD “¿Por qué nos cuesta cambiar?”, se observa que el 35% de la ciudadanía soñaría, principalmente, con un país más seguro y ordenado, seguido en un 24% y 16% que anhelaría “más derechos sociales” y “más crecimiento económico”, respectivamente.

La materialización de dichos sueños requiere de la modernización del Estado y de la revitalización de la subsidiariedad. La modernización del Estado apunta a que los recursos recaudados sean utilizados en beneficio de la ciudadanía, se resguarde la igualdad ante la ley en el acceso a las políticas, se prevenga el uso arbitrario de las capacidades estatales y se mejore la calidad de los servicios públicos. Por otro lado, la subsidiariedad establece la obligatoriedad del Estado de auxiliar a los que padecen necesidad para que no caigan por debajo de cierto umbral, sin descuidar la libertad de elección y el desarrollo.

Ambos, la modernización del Estado y la subsidiariedad, permiten compatibilizar la efectiva garantía de los derechos sociales con el crecimiento económico, ya que sin esas consideraciones podrían entrar en tensión. Si el Estado crece bajo el argumento de satisfacer más derechos sociales en el papel, sin realmente lograrlo por la mala calidad de sus servicios, lo único que produce es frustración. Del mismo modo, si es que sin tener la capacidad de ofrecer servicios públicos de calidad a los grupos más vulnerables de la sociedad intenta abarcar a una mayor cantidad de población, el resultado es un Estado que pierde efectividad en sus políticas. A su vez, un excesivo gasto público pone en riesgo el crecimiento económico cuando incrementa el déficit fiscal, la deuda e intereses que debe solventar.

Hasta el 2013, la mayoría de los gobiernos priorizaron el crecimiento económico y el gasto focalizado con el fin de equilibrar el desarrollo con las capacidades financieras del aparato público con la satisfacción de los derechos sociales. Lamentablemente, esta lógica cambió durante el segundo gobierno de Bachelet, derivando en lo que se conoce como una “década perdida” en materia de crecimiento económico y deterioro de las finanzas públicas que se vio profundizado con el “estallido” y la pandemia.

Revitalizar la moralidad que hay detrás de la lógica subsidiaria y de la modernización estatal, junto con llevar a cabo una profunda agenda de cambios en esa dirección, constituye uno de los principales desafíos que tendrá el futuro gobierno para salir del impasse en el que nos encontramos como país, ya que de lo contrario el Estado se mantendrá impotente y el crecimiento seguirá estancado.

Esta columna se publicó en La Segunda.