Más allá de nuevas cárceles

Es sintomático de la constante postergación que ha sufrido Gendarmería y el sistema penitenciario que, en la parte final de su administración, el ministro de Justicia recién anuncie que incorporará la agilización de construcción de nuevas cárceles en el fast track legislativo.

Las cárceles son un punto vital de toda la cadena de seguridad, y el hacinamiento al que ha estado expuesta la población penitenciaria durante todo este Gobierno no solo ha perjudicado a las personas privadas de libertad, sino que ha contribuido directamente a la actual crisis de seguridad. Una población penitenciaria por sobre la capacidad carcelaria deteriora la gestión de éstas, aumenta el contagio criminógeno y facilita la extorsión y el reclutamiento de reos por parte del crimen organizado.

Si bien la construcción de nuevas cárceles es importante, no basta para responder a la crisis. También es necesario actualizar las tecnologías de detección e identificación que operan en las unidades penitenciarias existentes. Esto debiese estar acompañado de una base analítica integrada, regida por principios de interoperabilidad, que sistematice toda la información recogida para que pueda ser utilizada tanto por Gendarmería como por fiscalías, policías e inteligencia, según corresponda.

Del mismo modo, también se debería mejorar la profesionalización de Gendarmería, fortaleciendo su línea de carrera estableciendo exámenes habilitantes más extensos y aumentando sus remuneraciones. Además, se debiese establecer una Unidad Anticorrupción en Gendarmería, que prevenga y detecte las extorsiones a las que se ven expuestos sus funcionarios, como también alertar y sancionar la asociación de éstos con reos y el ingreso o la venta de productos al interior de los recintos penitenciarios.

El fundamento del sistema penitenciario es que aquellos que dañan a terceros cumplan las condenas impuestas por la justicia, privándolos de su libertad cuando sea necesario para detener la comisión de sus delitos. El sistema también debe contribuir, en la medida de lo posible, a que los condenados abandonen el delito como forma de vida, ya que eventualmente recuperarán su libertad. Ninguno de estos fines se está logrando satisfactoriamente, viciando los esfuerzos de todo el Estado por resguardar la seguridad de la ciudadanía.

Esta columna se publicó en La Segunda.