Hasta que salió humo blanco

Tras meses de intensas negociaciones entre distintas fuerzas políticas, finalmente el lunes 12 de diciembre se selló el “Acuerdo por Chile”, proceso que permitirá dotar a nuestro país de una nueva Constitución. Pocos días después, el miércoles 21, ingresaron al Senado dos mociones (Boletín 15.614-07 y Boletín 15.615-07, ahora refundidas) que buscan materializar el contenido del pacto constitucional y darle curso progresivo.

En el contexto de un sistema político desgastado como el nuestro, con pocos incentivos a la colaboración y con una fragmentación sin precedentes, el solo hecho de haber logrado un acuerdo tan transversal es una buena noticia.

Sin embargo, en cuanto al fondo del asunto también destacan aspectos que permitirán evitar repetir ciertos errores de la fallida Convención y, de esta forma, avanzar responsablemente hacia una Carta Magna democrática y de futuro.

Un primer elemento a resaltar es la sobriedad desde la que se aborda este proceso: adiós a las listas de independientes y bienvenida sea su participación al seno de la institucionalidad del sistema de partidos. Atrás quedan los escaños reservados garantizados para cada uno de los pueblos originarios (y con ello, a candidatos electos con 55 votos, como ocurrió en la elección de la Convención con el pueblo Yagán), bien recibida es su inclusión solo en el caso de una votación significativa por parte de las personas inscritas en el padrón indígena. Se valora igualmente la consagración de un órgano constituyente con un número acotado de miembros y el establecimiento de plazos más breves y sin prórrogas, dándole mayores certezas a la ciudadanía.

En segundo lugar, en esta oportunidad las vocaciones refundacionales se minimizan desde antes de empezar el partido: la existencia de un rayado de cancha claro, reflejado en las denominadas bases constitucionales, permite cerrarle la puerta a la hoja en blanco y establecer un marco institucional acorde a nuestra vasta tradición republicana.

En tercer lugar, un proceso que consagra dos etapas y tres órganos con roles diferenciados, con la existencia de árbitros, expertos y personas electas por la ciudadanía, permite conjugar armoniosamente la legitimidad democrática con el conocimiento científico-técnico. Por lo demás, sumado a esta triada Comité Técnico de Admisibilidad-Comisión Experta-Consejo Constitucional, la reforma constitucional propuesta se hace cargo de asegurar la participación ciudadana, que debe estar contemplada en el Reglamento de funcionamiento.

Precisamente en cuanto a Reglamento se trata, encontramos una innovación que puede ser de enorme utilidad para cumplir con los plazos propuestos. A diferencia de la Convención, que se dotó a sí misma de su(s) Reglamento(s) en un plazo superior a las doce semanas desde la instalación del órgano, en el proyecto de reforma constitucional se establece que esta vez el Reglamento será elaborado, conjuntamente, por las secretarías del Senado y la Cámara de Diputados para ser, posteriormente, discutido y aprobado por una comisión bicameral de diputados y senadores. De esta forma, es de prever que podamos contar con una Comisión Experta y un Consejo Constitucional totalmente abocados a la producción de normas constitucionales. En definitiva, dedicados al fondo del asunto.

Estas son solo algunas de las características más significativas del proceso en el que nos embarcamos, esta vez esperando llegar a buen puerto. Por el momento, podemos enfrentar esta etapa con esperanza, esperando contar con una propuesta de pacto social que nos movilice a votar favorablemente a ella y, de esta forma, proporcionarle a Chile y su gente una Constitución que pueda hacerse cargo de los desafíos democráticos del siglo XXI.