El caos del empleo público

31 May 2023

La Encuesta Nacional de Empleo (EFM, 2022-2023) dio cuenta de que la variación interanual de asalariados públicos fue de 91.140. Lamentablemente, es probable que no sea un crecimiento acompañado de una mayor calidad de los recursos humanos, ya que por lo general ingresan personas “a contrata” sin procesos de reclutamiento y selección.

El hecho de que los funcionarios “a contrata” sean relativamente fáciles de contratar y difíciles de despedir tras dos renovaciones hace que nuestro empleo público sea muy sensible a los cambios de administración, lo que perjudica la institucionalización de una burocracia profesional y la necesaria separación entre servidores de carrera y de gobierno. Y esto ha sucedido más allá de lo que dicta la norma, ya que mientras el Estatuto Administrativo establece un régimen cerrado regido por el mérito y la predominancia de los funcionarios de planta, hoy más del 66% de los servidores del gobierno central son “a contrata”.

¿Por qué esta anomalía sigue sucediendo entonces? Al parecer, porque existe un equilibrio subóptimo en el que en el corto plazo se ven beneficiados los militantes de los partidos oficialistas y los grupos de interés del sector público.

Pero en verdad a nadie beneficia esta situación. Los gobiernos se ven perjudicados cuando la institucionalización de la burocracia es débil, ya que de ella depende la correcta implementación y estabilidad de las políticas públicas en el tiempo. Los funcionarios, por su parte, observan la falta de mérito con que se realizan algunos nombramientos y desempeñan las mismas labores que los de planta, aunque sin las mismas oportunidades. Por último, la ciudadanía parece quedar al final de la fila, con servicios públicos de baja calidad y con problemas que se acumulan sin una clara respuesta de Estado.

Es por ello que urge reformar el Estatuto Administrativo para terminar con la diferenciación de la calidad jurídica de planta y contrata, creando solo dos estamentos: funcionarios de carrera con proyección en el tiempo y funcionarios de gobierno que abandonen el servicio público al terminar el periodo presidencial. Dicha reforma debe ser acompañada de un sistema único de ingreso para los servidores de carrera con procesos de reclutamiento y selección como norma. Hoy existe no solo la oportunidad sino el imperativo de hacerlo, ya que sin una mejor institucionalización la burocracia, difícilmente el Estado podrá responder adecuadamente a los desafíos actuales y futuros.

Esta columna fue publicada en La Segunda.

COMPARTIR:

CONTENIDOS RELACIONADOS

Síguenos