Educación sexual y libertad
Si bien desde el 2010 Chile posee una ley que regula la obligación de los establecimientos de incluir programas de educación sexual, es necesario constatar que esta resulta insuficiente a la luz de la evolución cultural que nuestro país ha experimentado. Los desafíos pendientes en materias ligadas a la orientación y expresión de la sexualidad podrían ser positivamente tratados desde un proyecto de ley de educación sexual, que respete los proyectos educativos y la libertad de elección de los padres.
Contrario a una posición conservadora, que supone solo dos roles de género asignados por la naturaleza, un liberal debiera reconocer que para el ejercicio de la libertad no solo se debe limitar la coacción injustificada, sino también reconocer desde el aparato público que, ontológicamente, el ser humano no posee un destino unívoco que el Estado deba patrocinar. Siguiendo este razonamiento, el rol del Estado en esta y otras materias debiera consistir en establecer los medios para la libertad antes que los fines de esta.
En este sentido, la educación sexual se encuentra alineada con el liberalismo, toda vez que bien implementada se traduce en valores como la responsabilidad, la autonomía, el respeto por uno mismo y por los otros. Es decir, se relaciona positivamente con la tolerancia, el pluralismo y la igualdad de trato. Desde el punto de vista de sus efectos, la educación sexual puede tener un positivo impacto sanitario, ayudar a prevenir los embarazos no deseados, reducir la cantidad de abortos y colaborar con el bienestar social e individual.
No podemos soslayar que, a la fecha, el 64,4% de las personas pertenecientes a las comunidades LGBTIQ+ han declarado haber experimentado discriminación en el último año, lo que aumenta a un 85,5% en el caso de las personas trans (MOVILH, 2022). Dicha situación no solo limita el ejercicio de sus derechos, sino que también produce problemas de salud relacionados con el estigma y un entorno social hostil caracterizado por el rechazo y la exclusión, lo que aumenta el riesgo del suicidio.
La Convención hizo eco de la necesidad de una mejor pedagogía en estas materias, incorporando en su propuesta constitucional un artículo referido a la “Educación Sexual Integral”. También el presidente Gabriel Boric se comprometió a impulsar un proyecto de ley sobre lo mismo. Sin embargo, si bien se podrían establecer orientaciones que son necesarias y compartidas por una parte importante de la población, si se incorpora la obligatoriedad de enseñanza a todos los establecimientos, independientemente de si es que son públicos o privados, el gobierno cometería el error de homogeneizar la formación sexual, sin respetar los distintos proyectos educativos y la libertad de elección de los padres. Esperemos que, tanto por el bien de las comunidades LGBTIQ+ como por el respeto a las diversas formas de vida que existen en nuestro país, se salvaguarde la libertad de las familias y establecimientos educacionales, y primen los puntos de encuentro por sobre las diferencias.
