Cape-nane-nu, el jefe eres tú
La creación del Sistema de Alta Dirección Pública (SADP) en 2003 obedeció a la necesidad de dotar al Estado de directivos calificados para la implementación de políticas públicas, seleccionados a través de un filtro de mérito que los protegiera de influencias políticas. Si bien desde el 2003 se ha avanzado en limitar la discrecionalidad de la autoridad gubernamental en el nombramiento de las principales jefaturas del Estado y la reforma del 2016 constituyó un importante avance, aún hay una elevada y dañina rotación de directores en torno al ciclo electoral y se carece de un instrumento que permita una adecuada evaluación de su gestión.
En efecto, a pesar de la reforma al SADP que se llevó a cabo en 2016 y que buscó limitar el impacto de los cambios de gobierno en materia de desvinculaciones, la confianza política sigue como el factor más relevante al momento de mantener un puesto directivo: a lo largo de esta administración el 83% de los egresos de personas de primer nivel jerárquico han sido involuntarios. Complementariamente, entre 2018 y 2021 estos duraron 2,5 años promedio en sus cargos (Servicio Civil, 2022). En otras palabras, todavía estamos lejos de tener directivos con la estabilidad necesaria para mejorar la tan anhelada calidad de los servicios públicos y el logro de metas de Estado de mediano y largo plazo.
Por otra parte, los convenios de desempeño (CD), que evalúan el cumplimiento de los compromisos suscritos por los altos directivos con respecto a la institución, presentan varios problemas. Primero, en la práctica no son un instrumento de gestión eficaz, sino un componente más de la remuneración. La reforma del 2016 intentó resolver este problema, pero no lo consiguió (Fernández & Fuenzalida, 2021). Segundo, solo el 40% de los cargos de primer nivel jerárquico -excluyendo educación- está adscrito y debe suscribir al CD, por lo que no hay monitoreo ni evaluación de la gestión del 60% restante. Por último, la evaluación no genera una retroalimentación significativa para los directivos con respecto a las metas de los organismos (Barros, Weber & Díaz, 2017).
Es imperativo que exista una clara diferenciación entre cargos políticos (de exclusiva confianza del gobierno de turno), que generalmente tienen metas de corto plazo y están influidos por la contingencia, de las jefaturas técnicas orientadas a la eficiencia y calidad en la provisión de servicios en el largo plazo, junto con poseer instrumentos eficaces para su evaluación. De lo contrario, seguiremos entrampados en un Estado ineficiente e incapaz de responder a la altura de lo que la ciudadanía demanda.
Publicada en La Segunda.
