El costo de la "desmunicipalización": radiografía a las contrataciones adicionales de los SLEP
Recientemente Dipres publicó el Anuario Estadístico del Empleo Público 2025, consignando que el mayor crecimiento en personal anual del Gobierno Central se debía a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).
La reforma que crea los SLEP estimaba que el costo de implementación de los 70 Servicios iba a ser de USD $344,4 millones, sugiriendo que el personal provendría principalmente de traspasos municipales.
En este documento se consigna que de 93.838 funcionarios de 25 SLEP en etapa plena de implementación, 78.881 corresponden a traspasos desde municipalidades, equivalente al 84%. Esto significa que, a diciembre 2025, son 14.957 los cargos que corresponden a nuevas contrataciones en el Gobierno Central debido a los SLEP.
Este aumento de personal es heterogéneo entre SLEP. Si en promedio el aumento de personal es del 19%,en el caso del SLEP Valdivia es del 62,1% mientras que en Huasco es cercano a cero.
Se estima que estas nuevas contrataciones podrían haber implicado en 2025 un gasto de USD $329,5 millones, solo para los 25 SLEP en etapa de implementación plena. Se trata de un costo que casi iguala el gasto total estimado para los 70 SLEP proyectados en el Informe Financiero de la reforma.
Se proyectan distintos escenarios de contrataciones adicionales para los 45 SLEP faltantes, estimando un costo adicional que podría fluctuar entre USD $131,8 millones y USD $1.007,7 millones por año. En consecuencia, la implementación de los 70 SLEP podría implicar un gasto adicional a los traspasos municipales en contrataciones entre USD $461 millones a USD $1.337 millones anuales.
Los municipios que traspasaron sus funcionarios a SLEP efectivamente redujeron su gasto en personal en sector educación. Al mismo tiempo, si bien aumentó su gasto en personal de gestión municipal, no hay diferencias entre municipios que traspasaron personal a SLEP de aquellos que no lo hicieron en el período analizado.
El presente estudio busca evidenciar las nuevas contrataciones de los SLEP que no corresponden a traspasos desde la administración municipal, sin analizar si dichas contrataciones son necesarias para el correcto funcionamiento de los Servicios. En consecuencia, no se evalúa la existencia de sobredotación o subdotación de personal en el proceso de traspaso. Asimismo, busca constatar la necesidad de una mayor transparencia respecto a la procedencia de los funcionarios del gobierno central; en ese sentido, se sugiere que DIPRES detalle en sus informes de personal del sector público qué proporción de la dotación de los SLEP corresponde a nuevas contrataciones y cuál proviene del traspaso municipal.
