Criterio de la Contraloría implica que el FES empeoraría el balance estructural en 0,25 puntos del PIB en 2026
El 10 de octubre de este año la Contraloría General de la República (CGR) emitió un dictamen (E172269N25) aclarando la manera de contabilizar las transacciones asociadas al proyecto de ley que crea un nuevo instrumento de financiamiento para estudios de nivel superior (FES) y un plan de reorganización y condonación de las deudas educativas (boletín 17.169-04).
El dictamen señala que las transacciones asociadas al FES no pueden ser consideradas como un activo financiero del fisco, pues no se tiene un derecho adquirido al ocurrir los desembolsos, debido a que la devolución de los montos sólo se puede determinar una vez que el estudiante egresa y comienza a retribuir al fondo. Esto es distinto a lo que ocurre actualmente con el CAE, pues cada crédito emitido lleva aparejado una cuenta individual del deudor.
Esto implica que las transacciones del FES se deben contabilizar “sobre la línea”, a diferencia de lo que ha indicado DIPRES hasta ahora en los sucesivos informes financieros del FES, que lo ha contabilizado “bajo la línea”.
El impacto fiscal del dictamen es significativo. Primero, significa un total de US$ 4.861 millones más de gasto fiscal en la primera década del FES. Segundo, este impacto conlleva un desvío de la meta de balance estructural en 0.25 puntos del PIB para el año 2026, y de 1 punto del PIB acumulado para los primeros 5 años del FES.
El criterio de CGR viene a reforzar que el FES posee más características de impuesto, que de un crédito contingente al ingreso. Es necesario reformular el proyecto, para que se logren solucionar los problemas del CAE (incobrabilidad y beneficios insuficientes), sin establecer un impuesto a los graduados ni perjudicar la autonomía de las instituciones ni la sostenibilidad fiscal.
