Una nueva labor para la contralora

Señor Director:

Dorothy Pérez ha logrado, en poco tiempo, captar la atención del debate público al direccionar la labor fiscalizadora de la Contraloría hacia el corazón del funcionamiento del Estado: los funcionarios públicos.

Primero, absteniendo al órgano fiscalizador de pronunciarse sobre el mañoso concepto de «confianza legítima» en la desvinculación de funcionarios y, segundo, con el bullado cruce de datos que permitió identificar a más de 25.000 funcionarios que viajaron fuera del país durante su licencia médica.

Siguiendo este mismo espíritu, me permito sugerir una tercera acción. La Ley 21.306 (publicada en 2020, bajo el segundo mandato del Presidente Piñera) establece la obligación a todos los municipios del país de informar mensualmente a Dipres «la nómina de funcionarios… incluyendo remuneraciones y otras contraprestaciones en dinero» (Art. 70). Sin embargo, a más de cuatro años de su implementación, 84 municipios (casi un cuarto del total) no reporta periódicamente dicha información.

Esta fiscalización se vuelve especialmente relevante en un contexto donde ya sabemos que más de la mitad del aumento de funcionarios del Estado de los últimos años proviene de municipios (Horizontal, 2025). Por lo tanto, si queremos más transparencia, fiscalización y control del gasto público en esta área, la labor de Contraloría es fundamental.

Esta carta al director se publicó en El Mercurio.