Recuperación educativa, ¿más vale tarde?

02 Mar 2023

Sabemos que el masivo cierre de escuelas durante la pandemia ha tenido efectos negativos sobre el aprendizaje y el desarrollo socioemocional de los estudiantes del país, que repercutirán en la formación integral futura de éstos. Según un estudio de Horizontal, entre octubre de 2020 y octubre de 2021 los niños, niñas y adolescentes (NNA) del grupo socioeconómico (GSE) bajo que asistían a colegios municipales perdieron el 68,4% de los aprendizajes esperados, mientras que los pertenecientes al GSE alto que asistían a colegios particulares pagados, perdieron apenas un 12,4%. Es decir, la pandemia sólo acrecentó las brechas existentes.

Otro fenómeno que pone de manifiesto la gravedad de la situación escolar es el preocupante aumento de los estudiantes que abandonaron el sistema escolar: más de 50 mil alumnos que estuvieron matriculados durante 2021, no lo hicieron en 2022, cifra que representa un alza de un 24% respecto a 2019 (Mineduc, 2022). Paralelamente, vemos un alarmante incremento del ausentismo escolar, que no es otra cosa que el paso previo a la deserción. Entre marzo y diciembre de 2022, más de 1,2 millones de estudiantes presentaron una inasistencia “grave”, esto es, menor al 85%.

Habiendo transcurrido cerca de 3 años desde la llegada de la pandemia, la respuesta de las actuales autoridades, tanto en términos de recursos como de políticas, no ha estado a la altura del desafío que presenta este verdadero “terremoto educacional”. Dado lo anterior es que, entre tanta parsimonia, destaca positivamente el comunicado efectuado por el Gobierno hace ya un mes, en el que se anunció un plan de recuperación educativa, junto a la creación de un consejo de expertos. El plan se estructura en torno a tres ejes: convivencia y salud mental; fortalecimiento de aprendizajes; y asistencia y revinculación. Sin embargo, no se han dado a conocer todavía las medidas concretas que constituirán cada uno de estos ejes. Cabe preguntarse, por tanto, qué elementos deberían ser imprescindibles dentro del plan.

En primer lugar, es fundamental contar con un diagnóstico certero del escenario actual. No podemos diseñar una serie de intervenciones sin antes medir las brechas efectivas de aprendizaje de cada uno de los estudiantes del país. De lo contrario, estaríamos cometiendo el error de “poner la carreta antes de los bueyes”. Para ello, debemos disponer de evaluaciones que nos permitan determinar el nivel de pérdidas de aprendizaje y el daño socioemocional de los alumnos. Los instrumentos de medición debiesen incluir la ampliación de evaluaciones que monitoreen los aprendizajes a lo largo del año, como el Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA), así como también de evaluaciones estandarizadas a nivel nacional, en particular, el Simce. Esto, comprendiendo que las conclusiones que de éstos se desprenderán tienen como fin último contar con una línea base para saber dónde se necesita más apoyo, no “castigar” o “premiar” a los establecimientos por los resultados obtenidos.

En segundo lugar, se debe elaborar una propuesta que considere acciones concretas para combatir la deserción escolar y recuperar la pérdida de aprendizajes, con alcance masivo a nivel nacional. Las medidas pro retención escolar deben ser tanto preventivas (evitar el abandono escolar), como recuperativas (reintegrar a quienes ya desertaron).

Las medidas para cerrar las brechas de aprendizaje por su parte, deben consistir en estrategias basadas en evidencia, para lo cual será útil seguir la experiencia de otros países. Los casos de Estados Unidos y Reino Unido, que destinarán un 0,5% y un 0,1% de su PIB para enfrentar un terremoto educacional post pandemia, son un buen benchmark. Tener en cuenta, por ejemplo, el rol que han tenido las tutorías y la eventual extensión de la jornada escolar en estos países, o bien el aprovechamiento de las plataformas digitales que existen actualmente para nivelar e incentivar los aprendizajes.

Finalmente, es clave concientizar a la sociedad en su conjunto, y particularmente a los padres, acerca del calibre de la emergencia que está sufriendo el sistema educativo chileno. Impulsar una estrategia comunicacional nacional que tenga por objetivo dar cuenta de la gravedad del perjuicio generado por el cierre de escuelas. Asimismo, corregir las subestimaciones del retorno a la educación, entregando información sobre las oportunidades de trabajo de quienes tienen mayores niveles de escolaridad, y rectificando las creencias erróneas de los padres sobre el valor de la asistencia regular a clases, y los efectos negativos de la inasistencia sobre el aprendizaje.

Debemos entender que hoy está en juego el futuro y la libertad de millones de estudiantes. Los niños, niñas y adolescentes del país no pueden esperar, por lo que urge actuar con urgencia. El anuncio del plan de reactivación por parte del Gobierno, y la creación del Consejo para la Reactivación Educativa es, sin duda, una buena noticia. Pero no podemos olvidar que mientras el reloj corre, las brechas de aprendizaje y el daño socioemocional de millones se siguen incrementando. Debemos actuar con urgencia, y acorde al terremoto educacional: con un plan de acción y recursos a la altura.

Publicado en El Líbero.

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