¿Por qué hoy tenemos más miedo?
La delincuencia es el problema que más preocupa hoy a los chilenos, y en el que deberían enfocarse la mayor parte de los esfuerzos del gobierno (Encuesta CEP 88, 2022). Resultados consistentes con el alarmante aumento en el temor, que, de acuerdo con el índice de Paz Ciudadana, se ubica en su nivel más alto desde mayo del 2000 (28%), así como también con el incremento en la percepción de aumento en la delincuencia, que se ubica en un peak de 86,9% (Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, 2021).
¿Por qué el país bate récord en el miedo a la delincuencia? ¿Hay más delitos que antes? ¿Son más violentos? Veamos. Los delitos de mayor connotación social (DCMS) se encuentran por debajo de los niveles previos a la pandemia. Sin embargo, en los últimos 10 años (2012-2022), los delitos más violentos pasaron de representar un 18% del total de los DMCS, a ser un 28%. A modo de ejemplo, en 2022 se registraron 842 homicidios (4,6 por cada 100 mil habitantes), cifra que representa un aumento de 18% respecto a 2019 (Carabineros de Chile, 2022). Un aumento en los homicidios que estuvo acompañado de un incremento en el uso de armas de fuego para su comisión. En suma, no se ha disparado el número total de delitos en su totalidad, pero sí se está viendo un aumento de los delitos más violentos.
Lo anterior da cuenta que, actualmente, nos exponemos como ciudadanos a delitos con mayores niveles de violencia. Ya no nos asusta ser víctimas de un hurto, sino que de un robo con violencia que incluya, por lo bajo, el uso de armas de fuego. Los perjuicios asociados a los delitos ya no son, por tanto, la pérdida de un objeto de valor, sino una herida de bala, e incluso la muerte. Inseguridad que sin duda afecta la calidad de vida de todos quienes habitamos el territorio.
Otro antecedente que aumenta la percepción de inseguridad es la mayor presencia de crimen organizado, una modalidad que hasta hace un tiempo era poco común en nuestro país. Las cifras oficiales indican que en 2022 se desarticularon 1.147 bandas criminales, un 27,4% más que en 2021, requisándose más de 25 mil kilogramos de estupefacientes, e incautándose más de 3.500 armas de fuego. Es decir, se están viendo nuevos tipos de delitos, aún más violentos que los que conocíamos.
Poco se ha hablado de los costos de la crisis de la delincuencia que nos aqueja, más allá de las terribles consecuencias de la victimización (dolor, trauma, sensación de inseguridad y desamparo, etc.). Ésta no solo erosiona la sensación de seguridad, cohesión social y confianza en las instituciones, sino que impacta las decisiones de inversión y la asignación eficiente de recursos, tanto privados como públicos, afectando el crecimiento económico del país y los ingresos de las personas.
A este respecto, un estudio reciente de Horizontal analiza la relación entre actividad delictual y crecimiento económico para el caso de Chile. Los resultados de la estimación muestran que, si el incremento de la tasa de robos con violencia se mantiene similar a la registrada entre el primer y el segundo trimestre de 2022 (14,3%), tendríamos una pérdida anual del PIB de 0,9%. Estos recursos equivalen a erradicar anualmente un tercio de los campamentos en Chile (26.100 familias), o bien construir una línea de Metro (similar a la línea 7).
Las cifras mencionadas advierten la necesidad de un acuerdo político en el que la seguridad pública debe ser prioridad nacional, tal como indica la ciudadanía. Junto con este acuerdo, urge un plan nacional para abordar de manera integral este fenómeno, que considere: (i) Dotar a las policías de herramientas de última generación y mayores competencias para combatir la delincuencia; (ii) Impulsar una nueva política contra el crimen organizado con énfasis en la desarticulación de bandas e incautación de armas y drogas; y (iii) la creación de una unidad especializada en el SII que se dedique a cortar el financiamiento del crimen organizado mediante el seguimiento de activos. Esto, con recursos a la altura del desafío que conlleva.
Considerando lo anterior, resulta increíble que, mientras tenemos que avanzar hacia un consenso nacional en la materia, el gobierno pareciera estar, como se dice en buen chileno, “atornillando al revés”, indultando a 13 presos condenados por delitos violentos, entre ellos, un exmilitante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez condenado por asalto a un banco y homicidio frustrado. Una señal totalmente equívoca por parte de La Moneda, que no solo menoscaba los esfuerzos que está haciendo la cartera de Interior, sino que profundiza el deterioro de la confianza por parte de la ciudadanía en que el Estado efectivamente busca hacerse cargo de la crisis de seguridad que vive el país.
Publicada en La Tercera.
