La inversión a merced de un Whatsapp

“Estoy buscando argumentos para rechazar, pero de momento, lamentablemente no tengo”, decía la seremi de Vivienda en un intercambio de WhatsApp en abril de este año. Con tal nivel de desparpajo, los seremis de turno del gobierno se daban el lujo de rechazar un proyecto inmobiliario en Ñuñoa que cumplía con todos los estándares ambientales. Poco importó que el proyecto Plaza Egaña tuviera su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada desde mayo del 2019; el sesgo anti-inmobiliario pudo más. El precedente es grave. Los seremis se saltaron “olímpicamente” la legislación ambiental, debilitando la institucionalidad vigente y poniendo un manto de dudas a este y a todos los otros proyectos de inversión que se encuentran en etapa de tramitación.

Si el gobierno cree que las instituciones importan, debería salir cuanto antes a esclarecer lo acontecido en esa sesión de la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) y asignar las responsabilidades correspondientes. Al rechazar el proyecto, los seremi contravinieron expresamente lo establecido en el artículo 9º bis de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, que mandata a la COEVA a “aprobar o rechazar un proyecto sólo en virtud del Informe Consolidado de Evaluación”. En esta ocasión, dicho informe era completamente favorable. Si el ministro Jackson tenía razón y “la escala de valores de esta generación dista de la que los antecedió”, lo mínimo es esperar una reacción a la altura de la que vimos en el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet, cuando dos de sus ministros renunciaron por un actuar similar a este, en el proyecto Dominga. Por el minuto, somos todos testigos de un silencio inexplicable.

Ahora, lo que pasó con el proyecto inmobiliario de Plaza Egaña invita a una reflexión más profunda. Primero, este infundado rechazo no es un caso aislado en la actual administración. En junio, el Comité de Ministros rechazó de forma unánime un megaproyecto de gas natural en la Región de Atacama, que contaba con su aprobación ambiental. Un mes después, la COEVA de la Región de Valparaíso rechazó el proyecto minero El Soldado, de Anglo American, luego de que el SEA y los 11 servicios públicos que participaron en su evaluación, recomendaran su aprobación. Por último, ante presiones de diputados oficialistas, se llegó al absurdo de desvincular al seremi de Minería de la misma región por felicitar a una empresa por su buen relacionamiento con la comunidad local.

Así, solo en tres meses se paralizaron proyectos por un total de US$ 990 millones y se despidió a un funcionario que expresó su aprobación al actuar de una empresa. Resulta paradójico que mientras algunas autoridades –partiendo por el ministro Marcel– tengan un discurso pro inversión y crecimiento, por otro lado exista un sesgo ideológico y político tan marcado en contra de la inversión privada. Por el bien del país, es fundamental que el Gobierno enfrente sus “dos almas” y aclare, cuanto antes, cuál de estas dos prevalecerá. No se puede ir al norte y al sur al mismo tiempo.

Una segunda reflexión tiene que ver con los vicios y problemas que enfrenta nuestra institucionalidad ambiental para tramitar proyectos de inversión. No parece razonable que el proceso de tramitación ambiental, de carácter técnico y de larga duración, termine en instancias políticas compuestas por seremis y ministros de turno. Dichas consideraciones políticas deberían quedar plasmadas en los instrumentos de ordenamiento territorial (planes reguladores u otros) o en instancias previas a la evaluación ambiental formal. Decirle que “no” a un proyecto que lleva años tramitando permisos y que ha superado las distintas “vallas” del sistema, solo contribuye a una exacerbada incertidumbre jurídica que terminará por ahuyentar la inversión del país.

Lo cierto es que la inversión se encuentra estancada. La construcción de obras –que explica un 70% de la formación bruta de capital fijo– ha crecido apenas un 4% desde 2013, después de experimentar un alza de 125% entre los años 2000 y 2013. A esto, se suma un catastro de la Cámara Chilena de la Construcción, que señala que hay 49 proyectos por un total de US$ 7.000 millones detenidos por alguna reclamación ambiental. Por lo tanto, si el gobierno quiere ayudar a la reactivación la inversión, es urgente aumentar la certeza jurídica a la que se enfrentan los proyectos. Romper el silencio actual para esclarecer responsabilidades en el caso del proyecto de Plaza Egaña y asegurar que situaciones similares no vuelvan a ocurrir, junto con presentar un paquete reformas al SEIA, sería un buen primer paso.

Publicada en Ex-Ante.