Informalidad: seguimos al debe

Chile cuenta con un sistema de seguridad social estructurado en línea con las definiciones de la OIT, que con distintas herramientas entrega protección frente a vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. La OIT sostiene que la seguridad social es “definida en términos generales como un sistema basado en cotizaciones que garantiza la protección de la salud, las pensiones y el desempleo, así como las prestaciones sociales financiadas mediante impuestos”. En línea con esta definición, en nuestro país la seguridad social depende de que el trabajador cotice; mientras que el Estado entrega prestaciones sociales básicas en caso contrario, por ejemplo, Fonasa A o la pensión garantizada universal (PGU).

Revisando las estadísticas de cotizantes totales al sistema de pensiones se constata que en 1990 la informalidad laboral –definida como trabajadores ocupados que no cotizan— llegaba al 48%. Dicha cifra fue paulatinamente mejorando y entre los años 2012 y 2018 se mantuvo en torno a 33%. Al implementarse la obligatoriedad de cotización a los trabajadores que emiten boletas de honorarios la informalidad descendió a 28% en 2019, a 20% en 2020 y 22% en 2021.

Hay tres aspectos que me gustaría destacar en relación con estas cifras. Primero, si bien hubo mejoras en la informalidad desde el retorno a la democracia, estas no fueron suficientes: hasta 2019, uno de cada tres trabajadores no estaba cubierto por la seguridad social, lo que no es propio de un país que aspira al desarrollo. A diferencia de lo que ocurrió con otros indicadores sociales como la tasa de pobreza por ingresos, la cobertura educacional o la tasa de hacinamiento, la tasa de informalidad no tuvo mejoras dramáticas durante los exitosos últimos 30 años. Parece ser que el crecimiento económico no basta para cerrar esta brecha.

Segundo, la obligatoriedad de cotización a los trabajadores que emiten boletas de honorarios fue una política adecuada que permitió que el primer año de implementación la informalidad cayera 5 puntos. Aunque tarde, esta medida va en la línea con lo que el país necesita.

Tercero, una parte de la brusca caída adicional de la informalidad en 2020 y 2021 se explica porque durante la pandemia se perdieron en mayor proporción empleos informales. En efecto, de acuerdo con el INE durante el peor período de la pandemia –el trimestre mayo a junio de 2020– se llegaron a perder el 14% de los empleos formales y el 37% de los empleos informales. Esto revela que un atributo adicional del empleo formal es su mayor estabilidad y resiliencia a las crisis.

Sin duda en materia de informalidad el país está al debe. Aún hay una fracción significativa de trabajadores que no está cubierto por la seguridad social y cuyos empleos son más precarios e inestables. Se requiere actuar con decisión con políticas públicas que incentiven la formalidad y también con más fiscalización. El ingreso mínimo garantizado, que entrega un subsidio a trabajadores de bajos ingresos que tengan empleos formales, es una buena política que debiera reforzarse y potenciarse.

*Publicada en La Tercera.