Edad de jubilación: el costo político de hacer lo correcto.

En los últimos días, tras la publicación del informe de pensiones de la OCDE y el llamado del gobierno saliente a un “debate responsable”, volvió a instalarse la discusión sobre extender la edad de jubilación, hoy fijada en 65 años para hombres y 60 para mujeres. Surge entonces la pregunta: ¿cómo conciliar una medida que es técnicamente correcta, pero políticamente muy costosa?

Con una expectativa de vida al nacer de 81,6 años (ligeramente por sobre el promedio de la OCDE), una de las tasas de fertilidad más bajas del mundo (1,6 hijos por mujer) y una población que envejece a un ritmo acelerado, aumentar la edad de jubilación es una discusión ineludible si realmente nos importa la sostenibilidad del sistema previsional.

A esto se suma la grotesca disparidad de género: las mujeres viven más, cotizan menos y se jubilan antes. Resulta entonces razonable preguntarse por qué no avanzamos con decisión, al menos, hacia igualar la edad de retiro de mujeres y hombres en 65 años.

Los argumentos no son nuevos. Tanto la Comisión Marcel (2006, p. 119) como la Comisión Bravo (2015, p. 122) propusieron igualar la edad de jubilación entre hombres y mujeres. ¿Y qué ha hecho la política con esta evidencia? Nada. Por una irritante miopía electoral y temor a perder votos, ha preferido guardar recomendaciones técnicas en un cajón. Mientras tanto, otros países avanzan: más de la mitad de los miembros de la OCDE aumentarán su edad de retiro en los próximos años.

Para avanzar, conviene observar con detención lo que han hecho países como Dinamarca, Estonia, Portugal, Holanda o Suecia. Todos ellos han desacoplado la incómoda decisión de aumentar la edad de jubilación del gobierno de turno, creando reglas o “gatillos” —establecidos por ley— que ajustan automáticamente la edad de retiro según cambios en la esperanza de vida. Las claves para que este mecanismo funcione son dos: (i) aplicarlo a generaciones jóvenes, evitando costos inmediatos, y (ii) mantener relativamente estable la proporción “años trabajados / años jubilado”.

El caso más emblemático es Dinamarca. Su regla, introducida en 2006 y reforzada posteriormente, utiliza la esperanza de vida a los 60 años como referencia, con revisiones cada cinco años y con 15 años de anticipación respecto de la cohorte afectada. El ajuste es simple: por cada año adicional de esperanza de vida proyectada, la edad legal de jubilación aumenta cerca de un año.

¿Podemos implementar un sistema similar en Chile? Hoy, estamos lejos. La desfachatez del subsecretario de Previsión Social al invitar a un “debate responsable”, después de haber evitado sistemáticamente este tema durante la tramitación de la reforma previsional, evidencia el nulo compromiso de la actual coalición de gobierno con esta medida.

La candidata del oficialismo, Jeannette Jara, reforzó este punto en un debate radial, al afirmar tajantemente que no está dispuesta a subir la edad de jubilación en su eventual gobierno. Por el contrario, José Antonio Kast señaló que sí estaría dispuesto a hacerlo para las cohortes menores de 18 años.

El consenso técnico es claro. Tal como señala el último informe de la OCDE, tras la reforma previsional el sistema chileno se acerca a los estándares de este grupo de países ricos y, ahora, su principal desafío es la alta expectativa de vida de sus pensionados. Está por verse si los políticos tendrán esta vez la convicción y la altura de miras para hacer lo correcto, por impopular que sea.

Esta columna se publicó en La Tercera.