Advertencias ignoradas

En la mitología griega, Cassandra recibió el don de predecir con precisión el futuro. Sin embargo, al rechazar el amor de Apolo, este la maldijo para que nadie creyera sus advertencias. Así, advirtió la caída de Troya, pero nadie la escuchó. Esta paradoja –saber la verdad y ser incapaz de convencer a los demás– es exactamente lo que está ocurriendo en Chile con las cuentas fiscales. El gobierno, pese a innumerables advertencias, no hizo las correcciones necesarias. El legado será una pesada mochila fiscal y una erosionada regla fiscal.

El viernes pasado, en el último Informe de Finanzas Públicas (IFP), el gobierno reconoció un déficit estructural de -3,6% del PIB (US$ 13.000 MM), más de tres veces la meta inicial de -1,1%. No estamos frente a un shock inesperado, sino frente a un error persistente de sobreestimación de ingresos y esfuerzos insuficientes de contención de gastos.

En total serán tres años consecutivos de incumplimiento de la meta de balance estructural sin mediar crisis económica. Si el déficit crónico estructural que heredó esta administración rondaba el 1% del PIB, el próximo gobierno recibirá uno cercano al 2%

Desde 2024, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) viene advirtiendo una sobreestimación de ingresos. Ya en junio de ese año alertó que los ingresos debían crecer más del 20% para cumplir la meta fiscal. Lo hizo en informes técnicos, en presentaciones públicas y ante el Congreso. Luego, una misión del FMI levantó los mismos problemas e identificó 15 medidas para mejorar la estimación de ingresos. Las advertencias fueron explicitas, pero el gobierno, en vez de acusar recibo y hacer un ajuste fiscal ad-hoc, las relativizó o derechamente ignoró.

Más allá de este mal desempeño, es aún más preocupante la reacción de las autoridades. Contraviniendo el espíritu de la Ley de Responsabilidad Fiscal (Nº 21.683) —que ante desviaciones significativas de la meta fiscal establece la obligación de explicar causas y mecanismos de corrección (“comply or explain”) — se ha querido instalar el mensaje de que la gestión fiscal ha sido exitosa.

En vez de explicar técnica y fundadamente las razones del desvío, la directora de la Dipres ha sugerido que la regla de balance estructural “no está siendo un buen termómetro” y que en este caso es mejor “mirar el balance efectivo, por esta distorsión metodológica de la regla”. “O sea la culpa es del termómetro y no de la enfermedad.

También se ha afirmado que, a pesar de los déficits, se habría logrado contener la deuda como como porcentaje del PIB en torno al 40% y, en palabras de la vocera, son grandes noticias ya que “supuestamente” nos ahorramos US$ 1.000 millones en pago de intereses. Pero en la realidad los montos nominales de deuda han seguido creciendo y esta supuesta estabilización se debe a factores transitorios como efectos cambiarios (un tercio de la deuda es externa) y un crecimiento nominal elevado.

A esto se suma el uso intensivo de activos fiscales. Durante esta administración, el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) se ha reducido en más de un 40%, disminuyendo el colchón disponible ante shocks externos. La política fiscal no solo se evalúa por su nivel de deuda, sino también por la fortaleza de los ahorros para amortiguar las crisis.

En su afán de mostrar una gestión exitosa, el gobierno actual pasa a llevar la credibilidad de nuestra institucionalidad fiscal, que ha costado más de dos décadas construir, con reglas claras, prudencia y cumplimiento. Lo cierto es que desviaciones de esta magnitud, que fueron advertidas incontables veces, debieron haber sido corregidas con ajustes de gasto que nunca se hicieron.

De cara al futuro, el desafío es fortalecer —no relativizar— nuestra institucionalidad fiscal. Un primer paso es hacer un ajuste significativo del gasto y exigir autorización del Congreso para retiros de fondos soberanos. En el mediano y largo plazo es fundamental seguir robusteciendo el rol del CFA acercándolo, por ejemplo, a estándares como los de la Office for Budget Responsibility del Reino Unido. Crear una oficina de presupuesto en el Congreso también ayudaría a fortalecer la elaboración de los presupuestos.

Nuestra institucionalidad fiscal —incluida la regla fiscal— no es un conjunto de tecnicismos contables, sino el seguro que nos protege en tiempos de crisis. El problema nunca es la falta de advertencias; es acostumbrarnos a ignorarlas.

Esta columna se publicó en ExAnte.