¿Qué responde la derecha de hoy frente al cuestionamiento radical al modelo económico? ¿Lo hace desde su propia identidad? ¿Cuenta, realmente, con una identidad ideológica que la oriente en el momento presente? Si bien el libro no se plantea directamente estas preguntas, el siguiente documento realiza un análisis a la luz de ellas.
El propósito de este documento es explicar de manera sencilla esta visión minimalista de Constitución, que consideramos tiene dos características simultáneas: es liberal y democrática.
El propósito del presente documento es tratar —por la vía de preguntas— tres cuestiones previas que pueden ayudar a orientar el debate constitucional en desarrollo. Se trata de preguntas de carácter conceptual más bien que referidas al procedimiento o al contenido concreto de una Constitución, sea nueva o reformada.
En este trabajo se pretende contribuir al debate ideológico en ciernes proponiendo un criterio de justicia política (o social) de raíces liberales y republicanas. Dicho criterio o concepción de justicia es llamada “igualdad democrática” por su autora, Elizabeth Anderson (1999). Como veremos, esta concepción es parte de la ‘familia’ de pensamiento liberal igualitaria desarrollada a partir del trabajo de John Rawls (1971).
El trabajo en sus múltiples formas es una parte elemental de la vida de millones de chilenos. Es por eso que favorecer el desarrollo de una política laboral moderna no sólo es fundamental por los efectos económicos que conlleva, sino que contribuye de manera significativa a mejorar la calidad de vida de las personas y sus respectivos hogares. Bajo esta reflexión, es necesario cuestionar el actual paradigma presente en nuestra legislación respecto de las materias de trabajo, las que parecen haber quedado obsoletas respecto a lo que el contexto económico y social exige. Los invitamos a seguir leyendo nuestro documento.
La novedad de este documento es que analiza la estructura de gasto de las familias chilenas y cuantifica aproximadamente el impacto que genera en éstas, el que no existan los niveles de competencia deseados, a partir de algunos casos conocidos. Dicha evaluación de impacto se hace por nivel socioeconómico de las familias, lo que permite diferenciar el impacto de la competencia en los sectores más vulnerables de nuestro país.