¿Zanahoria o garrote? Incentivos que enfrentan los funcionarios encargados de la tramitación de permisos para la inversión

El objetivo de este documento es identificar los problemas de incentivos en los que se enmarca la labor de los funcionarios directivos de servicios que tramitan permisos prioritarios para los proyectos de inversión. Estos servicios son responsables de 204 trámites de un total de 439 identificados por la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP 2023).

Uno de los problemas identificados es que el 72% de los 188 directivos de 12 servicios analizados no son seleccionados por el Sistema de Alta Dirección Pública (SADP), lo que implica que no tienen convenios de desempeño asociados a su gestión. Esto da cuenta de jefaturas especialmente sensibles a los gobiernos de turno, donde los jefes de servicio podrían responder a intereses gubernamentales en lugar de objetivos técnicos y de largo plazo. Esta vulnerabilidad se observa, principalmente, en Seremis de Salud y Medio Ambiente, en las Subsecretarías de Pesca y Bienes Nacionales, CONAF y Consejo de Monumentos Nacionales.

En total, los 53 jefes de servicio ADP son evaluados con 341 indicadores (6,4 per cápita), pero solo 40 indicadores (11,7%) se relacionan con la tramitación de permisos de inversión, los que están concentrados en el Servicio de Evaluación Ambiental (27,5%
de sus indicadores está asociado con tramitación de permisos) y mínimamente en el SAG (1,5% de sus indicadores).

Solo 18 indicadores de evaluación de desempeño (1 por cada director regional del SEA y 2 direcciones regionales del SAG) se vinculan con el tiempo de tramitación. Ninguno de los Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG) de los servicios
analizados incluyen metas en materia de tramitación de permisos.

Para abordar estas fallas, el estudio propone fortalecer los incentivos en la gestión pública mediante seis medidas: ampliar el Sistema de Alta Dirección Pública en los servicios críticos de tramitación de permisos (como Seremi de Salud, CONAF, Subpesca, CMN, Bienes Nacionales y Medio Ambiente); incorporar indicadores específicos de agilidad en los convenios de desempeño; extender la duración de los cargos ADP de 3 a 6 años; incluir metas de cumplimiento de plazos en los Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG); facultar a la Oficina de Autorizaciones Sectoriales para supervisar los indicadores de desempeño; y solicitar a la Contraloría que determine responsabilidades por incumplimientos de los plazos legales.