¿Quién recibe la gratuidad? Evidencia y propuestas para un mejor uso del beneficio
La gratuidad en Educación Superior se ha consolidado como el principal instrumento de financiamiento estudiantil, con más de 600 mil beneficiarios y un gasto superior a $2 billones de pesos anuales.
La evidencia muestra desajustes persistentes en la asignación del beneficio, con cerca de 1 de cada 5 beneficiarios fuera de la población objetivo, lo que equivale a un gasto aproximado para el fisco de $373 mil millones en 2024 (pesos de 2025).
Los beneficiarios fuera de la población objetivo se caracterizan por ser naturalmente de altos ingresos, hogares más pequeños y con mayor inserción laboral que aquellos estudiantes parte de la población objetivo que reciben gratuidad. Se concentran en carreras profesionales y en la Región Metropolitana.
Estos resultados son consistentes con limitaciones que presentan los instrumentos de focalización, particularmente en la interacción entre el Registro Social de Hogares (RSH) y el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS).
Se propone reemplazar el esquema actual de gratuidad por una asignación continua con salida gradual del beneficio, que reduzca incentivos a la manipulación y mejore el uso de los recursos, reemplazando los actuales cortes abruptos.
Las simulaciones muestran que si mantenemos el actual beneficio para el 40% más vulnerable e implementamos un esquema de salida gradual entre percentiles 40 y 60 con un umbral mínimo de beneficio del 10% de la carrera, el gasto fiscal total en gratuidad se reduciría entre un 9,8% y 16,2%, lo que es equivalente a un ahorro entre $246
mil millones y $359 mil millones de pesos.
Complementariamente, se proponen mejoras al diseño del Registro Social de Hogares para mejorar la precisión en la focalización y reducir espacios de comportamiento estratégico. A esto se suma la importancia de revisar la duración y currículum de la oferta de carreras y su vínculo con el mercado laboral, de modo de alinear el financiamiento público con trayectorias educativas que efectivamente generen retornos para los estudiantes y conversen con las habilidades que requiere el mundo del trabajo.
Esta propuesta busca mejorar la focalización, reducir los incentivos a la manipulación de información socioeconómica y promover un uso más eficiente de los recursos públicos, manteniendo el objetivo de priorizar a los estudiantes de menores ingresos.
