Análisis crítico al proyecto de ley que modifica el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia

El Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) tiene como objetivo proteger a los afiliados que aún no alcanzan la edad legal de jubilación frente a eventos de invalidez o fallecimiento. Este seguro ha evolucionado significativamente y en los últimos años enfrenta una serie de tensiones y desafíos operacionales y financieros. Si entre el 2004 y 2008 las solicitudes de invalidez trimestrales promedio eran de 3.500, el año 2025 ascienden a 15.000 (aumento de 4 veces).

En junio de este año, de acuerdo a lo establecido en la Reforma Previsional de 2025, el ejecutivo ingresó un proyecto de ley para traspasar el SIS al Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), lo que implica un cambio estructural en la distribución del riesgo. Al establecer una tasa de cotización fija para financiar el SIS, el riesgo de aumentos en la siniestralidad recaerá sobre el FAPP, ya que el fondo asumirá el mayor costo si las primas del seguro se incrementan.

El traspaso es incompleto ya que las AFP mantienen funciones clave como la gestión operativa del SIS, el cálculo y pago de los beneficios y la administración de las comisiones médicas, que son las responsables de calificar las solicitudes de invalidez. Existe un riesgo al separar quién gestiona el seguro de quién se verá financieramente afectado por su evolución, ya que se diluyen los incentivos a controlar los costos.

De acuerdo a estimaciones del Ministerio de Hacienda un aumento permanente de sólo 0,2 puntos porcentuales en el costo del SIS podría reducir el saldo acumulado del FAPP a la mitad hacia fines de siglo, respecto al escenario base. Esto preocupa en un contexto en que la prima del SIS ha mostrado gran volatilidad desde 2020.

Junto con esto, el proyecto de ley no aborda los ajustes estructurales requeridos por la ley, sino que solo se limita a realizar una transferencia administrativa parcial del SIS desde las AFP al FAPP. La discusión legislativa debería considerar, al menos, los siguientes puntos:

• Modificar el diseño beneficio homologándolo al seguro de accidentes laborales y enfermedades profesionales. Es decir, que la pensión de invalidez se otorgue sólo hasta los 65 años, y luego los beneficiarios reciban pensión de vejez. Durante el período en que se percibe la pensión de invalidez, el trabajador seguiría cotizando para su pensión de vejez con cargo al SIS.

• Traspasar gradual, pero efectivamente la gestión del SIS y de las Comisiones Médicas al FAPP, para alinear incentivos entre quién controla el gasto y quien paga.

• Reforzar la fiscalización, incluyendo el control médico, administrativo y financiero del sistema. Por ejemplo, se recomienda una mayor coordinación entre instituciones (ya que la fiscalización está fragmentada) y el uso de inteligencia de datos.

En los próximos años el SIS enfrentará el desafío de equilibrar su sostenibilidad financiera con una protección adecuada a los afiliados, en un entorno de acelerado envejecimiento poblacional y cambios institucionales profundos. Su éxito dependerá de avanzar en un rediseño integral que corrija los problemas de fondo y fortalezca su viabilidad en el largo plazo.