Reforma de pensiones: que vuelva la seriedad

Este miércoles el pleno de la Cámara aprobó la idea de legislar la reforma de pensiones. El Gobierno avanza con su reforma al Senado pero a costa del rechazo del corazón de esta: la distribución del 6%, la instauración de un fondo de reparto y la creación de nuevos entes públicos para administrar cuentas e inversiones. La discusión volverá a “fojas cero” en el Senado, oportunidad para retomar la seriedad de una discusión que hace tiempo se entrampó en consignas y que carece de diagnósticos compartidos.

La votación del miércoles nos debe hacer reflexionar sobre la falta de rigurosidad en torno a la discusión previsional. Volvamos al principio de esta historia. Antes de la discusión parlamentaria, lo óptimo habría sido contar un diagnóstico compartido sobre el nivel actual de pensiones y aquellas proyectadas con la reforma. Así lo hicimos ver en noviembre del año 2022 un grupo de más de veinte centros de estudio. Sin embargo, el gobierno se demoró 14 meses en reaccionar y recién en enero de este año, con la reforma presentada y ad-portas de ser votada, se publica un estudio sobre tasas de reemplazo. Lamentablemente, los resultados de dicho estudio fueron opacados por la desatada refriega política sobre el destino del 6% de cotización y lo único que trascendió fue una discusión sobre la fórmula de cálculo de las tasas de reemplazo.

Así, se propusieron soluciones antes de identificar problemas. Si se hubiera partido por el diagnóstico, se habría constatado que —independiente de cómo se mida— las tasas de reemplazo proyectadas serán menores en el futuro. El mismo estudio citado estima una diferencia de 12 pp. entre las actuales y futuras tasas de reemplazo de la reforma (73% en 2024 vs 61% en 2070). Vaya solidaridad que se propone: aumentar las pensiones hoy perjudicando aún más las de mañana.

Segundo, sin más que la consigna “No+AFP”, se propuso un cambio copernicano a la industria, sin estudios que confirmen la existencia de economías de escala que a la fecha no se hayan aprovechado. La separación forzosa de la industria y la centralización de la administración de las cuentas es una transformación demasiado arriesgada con una recompensa incierta y en el mejor de los casos, discreta. Si el tema de fondo es legitimar la industria, deberíamos hacerlo facilitando la entrada de nuevos actores, con más y no menos competencia.

En el frenesí por lograr los votos necesarios para aprobar la reforma, esta semana el debate técnico terminó de desdibujarse. La ministra Jara firmó un improvisado protocolo de acuerdo con el partido Demócratas que cambia completamente el destino del 6% adicional, rebaja abruptamente las tablas de mortalidad y crea un seguro de longevidad que no es financieramente sostenible. Tampoco ayudó la agresiva retórica contra las administradoras de fondos, asegurando que no están sometidas a ningún “control democrático”, lo que desconoce la estricta regulación a la que están sujetas.

Hacemos un llamado a superar este pobre debate. En el Senado debe primar la evidencia por sobre las consignas y la vocación de diálogo y acuerdos por sobre las vociferaciones. Como primer paso, debemos volver al origen del problema. Las pensiones que entrega nuestro sistema previsional hoy son bajas porque ahorramos poco. En la última década el ahorro bruto ha caído 7 puntos del PIB; es urgente revertir esta tendencia. Un mayor ahorro no solo aumentará las pensiones futuras, sino que se incrementaría la inversión y el crecimiento, desencadenando un círculo virtuoso que redunda en mayores pensiones.

Por esto, consideramos que la solidaridad bien diseñada no es vía reparto, sino que vía ahorro. No podemos obviar que con la instauración de la PGU la tasa de reemplazo mediana se elevó a un 63%, mayor al promedio OCDE de 61,4%. Medida como puntos de cotización, la PGU significó incorporar 6,9 puntos de solidaridad al sistema. Con su propuesta, el gobierno habría destinado un equivalente a 13 puntos de cotización a solidaridad, excesivo si consideramos que lo que hoy necesitamos es más ahorro.

Segundo, nuestro mercado laboral tiene demasiadas lagunas y castiga en demasía a las mujeres. Incentivar la formalización estableciendo un subsidio al ingreso del trabajo formal podría ayudar a ampliar la base contribuyentes y con esto aumentar las pensiones. Tercero, por muy impopular que sea, urge aumentar la edad legal de jubilación, la que actualmente es muy baja en relación a nuestra alta expectativa de vida.

Si en el Senado partimos por sincerar el diagnóstico, quizás podamos tener un debate serio y basado en la evidencia. De lo contrario, seguiremos empantanados entre consignas y promesas que difícilmente lograrán mejorar las pensiones de nuestro sistema.

Esta columna se publicó en El Mercurio.