El desafío municipal en la crisis

Chile enfrenta diversas crisis, siendo una de las más preocupantes la crisis del sistema político. Esta se caracteriza por una excesiva fragmentación de los partidos, discolaje, lentitud del Estado para entregar respuestas oportunas por falta de consenso y una alta desconfianza hacia los partidos políticos. A pesar de su urgencia, no hay señales de que este problema se vaya a resolver prontamente, por lo que la situación se podría agravar.

En este contexto, los municipios son una pieza clave para recomponer la legitimidad de nuestra democracia, ya que están mejor posicionados que el gobierno central para saber lo que sucede en una comuna y así responder adecuadamente a los problemas locales. Al ser una instancia de toma de decisión más cercana, que puede incluir mecanismos de participación, no sólo son más ágiles, sino también más sensibles a las preocupaciones y demandas de los habitantes de una comuna respectiva.

Este rol de los municipios se inscribe en un deterioro general de la libertad individual –con mayor profundidad desde el estallido– en la mayoría de las comunas urbanas del país, que se expresa en el cada vez mayor temor de las personas a perder su vida o propiedad y las menores oportunidades para perseguir sus proyectos personales. Al respecto, las municipalidades son determinantes en la defensa de esa libertad, ya que poseen instrumentos para mejorar la seguridad y el crecimiento de la comuna, como el plan de seguridad comunal, el plan de desarrollo comunal y el plan regulador.

A partir de estas herramientas, los municipios también pueden ayudar a igualar las oportunidades locales, tanto generando espacios de encuentro, intercambio y desarrollo de comunidades, como desplegando programas focalizados en los menores de edad que permitan reducir la desigualdad de partida que se produce en las edades más tempranas.

Sin embargo, todas estas posibilidades se ven amenazadas por el mal uso de los recursos públicos y la corrupción municipal, que no solo afectan a los vecinos que son víctimas de una mala administración, sino que impactan en la percepción de toda la ciudadanía sobre la política. De ahí que mejorar los mecanismos de control interno y externo, profesionalizar los gobiernos locales y dotarlos de una mejor capacidad para responder adecuadamente a los problemas comunales, debiese ser un desafío permanente y complementario a la modernización de las agencias del gobierno central, no solo por la eficiencia, sino porque de esa manera protegemos la libertad y la democracia, que son los fundamentos del progreso y de la resolución pacífica de nuestras diferencias.

Esta columna se publicó en La Segunda.