El costo de no reformar la gratuidad

Cada cierto tiempo volvemos a hablar de los problemas de la gratuidad, se acuerdan diagnósticos y la volvemos a guardar en un cajón, sin hacernos cargo de sus urgentes desafíos. En un contexto de estrechez fiscal revisar su financiamiento debería ser prioritario. La gratuidad se proyectó inicialmente con un costo universal de 2,8 billones de pesos al año, pero hoy, pese a cubrir solo hasta el sexto decil, ya supera un gasto de 2,5 billones anuales.

Esta brecha se debe a varias razones. Por un lado, la acumulación de cohortes, donde cada generación que ingresa está financiada durante la duración formal de la carrera. Como resultado, hoy el 70% del gasto va a estudiantes que ya tenían gratuidad y la renuevan año a año.

Adicionalmente, hay un alza de los aranceles regulados, que sube automáticamente cuando las instituciones mejoran su acreditación, lo cual no fue considerado en las proyecciones de gasto. Finalmente, 1 de cada 5 estudiantes que usan la gratuidad no cumplen con los requisitos socioeconómicos. Los instrumentos de postulación (el FUAS y RSH) permiten manipular la información de ingresos y composición del hogar, lo que facilita el acceso al beneficio cuando no se cumplen los requisitos. Su diseño, creado bajo una lógica de todo o nada, crea un incentivo a este comportamiento. En consecuencia, hoy tendríamos un gasto de alrededor de $373 mil millones anuales mal asignados.

Además de los desafíos asociados a su alto y creciente costo fiscal, también está en duda su capacidad como motor de acceso a la educación superior de los deciles de menores ingresos. Entre 2011 y 2017, la participación en educación superior de los primeros seis deciles pasó de 50,3% a 62,6%, creciendo a una tasa anual de 4,8%. Entre 2017 y 2024, ya con la gratuidad en vigencia, la participación aumenta hasta 65,4%, pero a una tasa de sólo 2,4% anual. Esto sugiere que la incorporación de estos deciles responde más a un fenómeno natural del sistema educativo y otras ayudas estudiantiles que a un impacto directo de la gratuidad. Por otro lado, solo el 10% de quienes accedieron por primera vez a este beneficio en 2025 pertenece a los tres primeros deciles. Así, es cuestionable el impacto redistributivo de la gratuidad y su capacidad de aumentar el acceso de estudiantes con menores ingresos.

También, hay un desafío financiero no resuelto de las instituciones adscritas a la gratuidad. Los aranceles regulados que el Estado paga a las instituciones son menores que los reales que estas cobran. Dependiendo del tipo de establecimiento esa brecha puede llegar a un 30% o más en universidades. Las instituciones reciben menos recursos por cada estudiante con gratuidad que por uno sin ella, y la forma como compensan esa diferencia es una pregunta que todavía no tiene respuesta pública clara.

No todo es negativo. En Chile, acceder a la educación superior todavía es uno de los factores que más incide en la trayectoria de ingresos de una persona, y la gratuidad ha permitido que miles de estudiantes lo hagan sin endeudarse. Por lo mismo, la gratuidad debe salir del diagnóstico y ser reformulada para cumplir los objetivos por los que fue creada. Se debe avanzar en un modelo que permita atender a los hogares de menores ingresos, pero que también use con más responsabilidad los recursos públicos y los redirija hacia donde la evidencia muestra mayores retornos para cerrar brechas: la primera infancia y la educación escolar.

Esta columna se publicó en La Tercera.