Desafíos pendientes del nuevo Ministerio de Seguridad Pública

Las instituciones que enfrentan la inseguridad pública muchas veces tienen problemas de cooperación y coordinación, operando como compartimientos estancos en vez de un sistema integrado. Esta dinámica acrecienta la crisis de seguridad y debilita la capacidad del Estado para responder a ella. La creación del Ministerio de Seguridad Pública obedece a este problema. Sin embargo, el proyecto de ley en discusión no logra resolver adecuadamente la descoordinación ni logra generar un sistema de seguridad.

En primer lugar, se trata de un Ministerio de Seguridad Pública sin inteligencia, ya que la ANI seguiría dependiendo del Presidente de la República a través del Ministerio del Interior en vez del nuevo Ministerio. Además, no se incluye a la UAF en su estructura organizacional, a pesar de ser una institución que cumple un rol fundamental para seguir la ruta del dinero del crimen organizado y el financiamiento del terrorismo.

En segundo lugar, se deja al Servicio Nacional de Migraciones en el Ministerio del Interior, bajo el argumento de que el fenómeno migratorio iría más allá de la seguridad. Si bien esto es cierto, frente al aumento de victimarios de homicidios y reos de nacionalidad extranjera, hoy son las instituciones de seguridad las que mejor pueden ayudar al Estado tanto a responder la pregunta sobre quién debiera poder o no entrar a nuestro país, como también a combatir los ingresos por pasos no habilitados y el tráfico de personas que opera en la frontera.

Tercero, para abordar sistémicamente el problema de la falta de coordinación interinstitucional, el Ministerio de Seguridad Pública se debería hacer cargo del cumplimiento de las penas privativas de libertad. De lo contrario, la dimensión penitenciaria seguirá siendo un eslabón débil en la cadena de seguridad. Diseños de este tipo se pueden encontrar tanto en España como en Israel.

Por último, es dudoso que Senda se mantenga en el Ministerio del Interior, teniendo en cuenta que su ubicación en dicho ministerio se justificaba, originalmente, por la necesidad de prevenir, tratar y reinsertar socialmente a personas con problemas de abuso de alcohol y drogas cuando dichas conductas constituyeran un factor de riesgo para la comisión de delitos (Ley N°20.502, art. 19).

La necesidad de crear un Ministerio de Seguridad Pública depende de la capacidad que este tenga para que las instituciones que combaten la delincuencia funcionen como un sistema integrado, ya sea por control directo o por esquemas de incentivos selectivos. Urge que, en este tercer trámite constitucional, las debilidades señaladas sean resueltas.

Esta columna se publicó en La Segunda.