Caso fundaciones: la punta del iceberg

La crisis que atraviesa el oficialismo debido a los casos de supuesta malversación de fondos públicos al alero de fundaciones simpatizantes al gobierno representa una importante oportunidad para colocar al Estado al servicio de la ciudadanía. Dicha oportunidad debe ser abordada considerando soluciones que atiendan las fallas específicas sin perder de vista el problema de fondo.

Entre las soluciones que apuntan al problema específico del mal uso de las transferencias se encuentra la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización de los contratos entre el Estado y la sociedad civil, especialmente aquellos realizados vía trato directo. Para ello, puede ser útil un Registro Único de Organizaciones Privadas, que identifique si estas realizan actividades de incidencia. En esta línea también se inscribe el establecimiento de la concursabilidad competitiva de los fondos asignados a instituciones privadas como norma, mejorar la prevención de los conflictos de interés y el tráfico de influencias y fomentar la proactividad de los funcionarios públicos en denunciar actos contra la probidad administrativa a través de un canal de denuncia electrónico.

Pero al igual como ocurre con los icebergs, la crisis que involucra al Estado y a las fundaciones es solo la parte visible de un problema mayor, a saber, el clientelismo y la excesiva dependencia de los funcionarios públicos con respecto a los cambios de gobierno.

En este sentido, la comisión ad hoc convocada por el Presidente de la República debiese también abordar la necesidad de un nuevo Estatuto Administrativo, en el que se distingan claramente a los funcionarios de carrera y a los asesores de gobierno. Y es que ningún funcionario de carrera se expondría a los riesgos asociados a la entrega de recursos vía trato directo a fundaciones cercanas al oficialismo, a menos que estuviese amenazado de despido o ascenso a partir de dicha acción.

Por esa razón, la comisión ad hoc también debiese tener como meta el reducir la incidencia del gobierno sobre la asignación de cargos directivos, lo que exige no solo adscribir a todo el primer y segundo nivel jerárquico al Sistema de Alta Dirección Pública (SADP) y despolitizar la decisión de remover a los jefes de servicio, sino también transformar al Consejo de Alta Dirección Pública en un Consejo Autónomo a cargo de la dirección y administración superior de la Dirección Nacional del Servicio Civil.

Se trata de medidas profundas, pero necesarias. Si a raíz del MOP-Gate se creó el Sistema de Alta Dirección Pública, lo mínimo es que del Caso Fundaciones resulte una reforma de ese calibre.

Esta columna se publicó en La Segunda.