Propuestas para reformar el sistema de licencias médicas en el sector público chileno
Un reciente informe de la Contraloría General de la República dio cuenta de que el uso de licencias médicas en el sector público presenta significativos niveles de irregularidad y escasa supervisión efectiva. En efecto, más de 25.000 funcionarios habrían viajado fuera del país durante su período de reposo por licencia médica. Habría falencias en los controles internos de los servicios públicos, deficiencias en los mecanismos de validación clínica y administrativas, así como la ausencia de sistemas integrados de monitoreo.
El sistema de licencias médicas y el subsidio de incapacidad laboral (SIL) en Chile ha experimentado un aumento significativo en su uso y costos con lo que presenta crecientes desafíos de sostenibilidad. Esta situación es particularmente preocupante en Estado ya que los funcionarios públicos presentan una tasa de utilización de licencias médicas muy superior al resto del mercado laboral: 3,3 licencias autorizadas por trabajador en 2022, frente a 1,2 en el sector privado y 1,1 entre trabajadores independientes (OCEC, 2023).
Según los últimos datos disponibles, estimamos que el costo total en el SIL en el sector públicos asciende a USD $1.543 millones, 52,1% del gasto se destinaría a funcionarios del Gobierno Central y 47,9% a el resto de los trabajadores del sector público, excluyendo a las Fuerzas Armadas (Figura 1). Destaca que el gasto en licencias médicas en funcionarios del sector público equivaldría al 38% del gasto total del país en este beneficio (incluyendo Fonasa e Isapres).
