Trabas inexplicables a la libre competencia

En Estados Unidos existe una ley federal conocida como Jones Act que establece que el transporte de bienes entre puertos de ese país debe realizarse en barcos construidos en Estados Unidos, que sean de propiedad de ciudadanos norteamericanos y que sólo sean operados por ciudadanos o residentes permanentes. Esta restricción tiene consecuencias tan absurdas como que Hawaii o Puerto Rico deben importar gas natural a un mayor costo desde otros países, debido a que en Estados Unidos no se construyen barcos capaces de transportar este producto.

En Chile no estamos tan lejos, por razones de soberanía nacional y proteccionismo, el cabotaje –que es el transporte de carga entre dos puntos del territorio nacional por vía marítima— sólo lo pueden realizar barcos chilenos, en los que el capitán y el 100% de la tripulación son de nacionalidad chilena. Si la nave es de propiedad de una sociedad, sólo se considerará chilena si tiene su domicilio principal y su sede real y efectiva en el país. Además, su presidente, gerente y mayoría de los directores o administradores deben ser chilenos y la mayoría del capital social debe pertenecer a personas naturales o jurídicas en el país. Estos requisitos también los deben cumplir las personas jurídicas socias de una sociedad propietaria de naves. O sea, es prácticamente imposible introducir competencia extrajera en este mercado.

Existen pequeñas excepciones, pero en concreto menos del 0,5% de la carga es transportada por naves extranjeras entre puertos chilenos. En consecuencia, es un mercado altamente concentrado con muy poca competencia y elevados precios. Esto es muy importante, ya que encarece la cadena logística de cientos de industrias y, finalmente, las mayores ineficiencias son pagadas por los consumidores y productores nacionales.

Durante el segundo Gobierno del Presidente Piñera se presentó un proyecto de ley para modificar esta situación y que terminaba con gran parte de las restricciones arbitrarias. El actual Gobierno presentó indicaciones a dicho proyecto, manteniendo algunas de las restricciones que se levantaban, pero avanzando bastante en racionalizar la normativa en pro de lograr mayor competencia. Por ejemplo, se permitirá que barcos extranjeros -que traen carga de importación a Chile- puedan hacer cabotaje en su ruta de salida, también se eliminarán las barreras administrativas para la constitución de empresas navieras extranjeras en nuestro país fomentando la inversión extranjera, entre otros.

Como pocas veces, este es un caso en el que vemos que existe un amplio consenso político. Recientemente se aprobó este proyecto de ley en la Cámara de Diputados y pasó al Senado. El sistema político debiera ser capaz de llevar este proyecto de ley a buen término y así avanzar en la reducción de barreras artificiales que impiden que haya más competencia en un mercado clave en nuestro país.

Esta columna se publicó en el Diario Financiero.