No es letra chica, es al pie de la letra

La aprobación del Senado de un nuevo retiro de fondos de pensiones representa un éxito estratégico de gobernabilidad para el oficialismo. Contra lo que algunos han dicho, el plan del Ejecutivo no legitimó el retiro ilimitado de los ahorros previsionales, ya que en su mensaje estableció condiciones y mecanismos de reintegración de los fondos. Así, además de brindar mayor liquidez a las personas mediante un auto préstamo, logró dar equidad al incorporar el pago de impuestos al 20% con mayores ingresos; incentivar la cooperación con el Congreso -sobre todo con sus propias huestes-; y salvaguardar la división de poderes expresada en la Constitución -punto clave si consideramos que el último tiempo parte del Congreso ha insistido en tomarse atribuciones que no le confiere-.

Respecto del uso de los ahorros para la vejez en caso de emergencia, se trata de un proyecto que no solo reduce considerablemente los fondos privados de los trabajadores, sino que también compromete recursos públicos. En efecto, se proyecta que el impacto fiscal total será de más de 2 mil millones de dólares, y si no se cobra el Impuesto a la Renta como algunos sugieren, se le sumaría un “perdonazo” de cerca de mil millones de dólares a quienes más tienen; pero es de esperarse que un gobierno se preocupe de no vaciar sus arcas y no limitar la capacidad de acción de una administración futura.

Dentro de este contexto, el gobierno se movió con inteligencia: recurrió al Tribunal Constitucional (TC) para que se analizara la legalidad de la iniciativa originada en la Cámara de Diputados, ya que esta poseía características que, a la luz de la Constitución, podrían estar por fuera de la norma. Por muy criticada que fuese esta decisión, lo cierto es que pareciera tener un sustento bastante potente considerando que, tras el anuncio, gran parte del Senado optó por preponderar la propuesta del Ejecutivo.

Es importante señalar que este actuar no solo es relevante en cuanto al segundo retiro. Actualmente hay más de una decena de proyectos que, al ser analizados en su mérito, son populistas y/o inconstitucionales, pero que el Congreso insiste en introducir por medio de la creación de artículos transitorios que tuercen las reglas del juego. Es por eso que es fundamental que exista una facultad para situaciones como estas, en donde un poder del Estado traspasa los límites que la ley le impone.

Tras el anuncio del bono navideño, el gobierno hizo el cierre de una jugada casi magistral. Sin embargo, como todo en la vida, el tablero aún se podría dar vuelta. Todavía falta que el TC se pronuncie sobre el proyecto de la oposición. En términos prácticos, si es que favorece el actuar de los parlamentarios, implicaría no solo que el proyecto del Ejecutivo podría no salir airoso, sino que además abriría la puerta a que, quienes maliciosamente tildan de letra chica a no jugar según las normas, hagan y deshagan a su antojo sin seguir las reglas al pie de la letra. Esperemos que en virtud del equilibrio de poderes y de la forma correcta de hacer política, el TC le dé la razón al Gobierno.

*Publicada en La Tercera.

Sebastián Izquierdo R.