Más allá de los 25 mil

Los 25 mil trabajadores que hicieron mal uso de licencias médicas son apenas los más audaces, aquellos que en el papel estaban enfermos y tuvieron la osadía de viajar al extranjero. Aún falta identificar a todos los que han mal usado licencias para vacacionar localmente, para emprender o para autofinanciarse campañas políticas, entre otros posibles fraudes. Ante la sospecha de estas situaciones, los mecanismos actuales para sancionar estas malas prácticas resultan bastante inefectivos. En los últimos días hemos conocido testimonios de jefaturas que al iniciar investigaciones se han visto perjudicados —algunos incluso perdiendo su trabajo— mientras que aquellos que cometieron el fraude han terminado sobreseídos de los sumarios. Por esta razón es que causa escepticismo el nivel de efectividad de los miles de sumarios que se han iniciado a raíz de este caso, en donde lo esperable sería al menos la destitución de todos aquellos funcionarios tramposos.

La indignación transversal que hemos visto estos días debiera convertirse en una fuerza movilizadora para ir más allá de los 25 mil casos y abordar de una vez la necesaria reestructuración del sistema. En lo inmediato, se debe avanzar en un mayor uso de tecnología con los datos que ya posee el Estado, para que el esfuerzo realizado por Contraloría se transforme en un ejercicio obligatorio y permanente de detección de fraude. No solo para investigar a los usuarios de licencias, sino también a los emisores, investigando a médicos con conductas anómalas y sancionándolos debidamente. Sin embargo, esto no será suficiente, y se requiere un nuevo marco de incentivos que promueva el buen uso. Es fundamental una reforma estructural al sistema de licencias, que unifique el sector privado y público, que establezca límites máximos de duración, tasas de reemplazo decrecientes, mayores sanciones y más atribuciones para las entidades encargadas de la supervisión.

Adicionalmente, para solucionar el tema de fondo, urge una reforma al empleo público que genere las condiciones para algo tan básico y necesario como incentivar el trabajo bien hecho. Hoy coexisten funcionarios de distintas calidades jurídicas: de planta, a contrata y a honorarios. Cada uno posee distintos derechos laborales y distintos mecanismos de contratación y despido, siendo especialmente rígido el desvincular a los trabajadores de planta los cuales representan el 22% de los funcionarios del gobierno central, sumado a un sistema de evaluación de desempeño que simplemente no cumple su función.

El hecho de que un grupo de trabajadores tenga prácticamente garantizado su puesto de trabajo de por vida desincentiva el esfuerzo y el mérito. Esto es tremendamente injusto y desmotivador para los miles de funcionarios honrados, productivos y con una real vocación pública. Si queremos un Estado al servicio de las personas debemos partir por hacernos cargo de las personas que lo componen. Sin ajustes de fondo, los actuales sistemas de licencias y empleo público seguirán siendo tierra fértil para el fraude.

Esta columna se publicó en La Segunda.