María José Abud: “El crecimiento económico es el principal motor para generar empleo, pero no será suficiente”

María José Abud fue subsecretaria de la Mujer en el segundo gobierno de Sebastián Piñera y hoy es directora ejecutiva del centro de estudios Horizontal. Al igual que el ministro del Trabajo, Tomás Rau, su expertise son los temas del mercado laboral.

En esa condición de experta participó como integrante de la Mesa de Reactivación Laboral, que esta semana entregó 22 propuestas al Ejecutivo. La economista aterriza los principales planteamientos de reformas que hizo la instancia técnica.

—Ante el actual complejo momento económico, ¿qué medidas deberían ser prioritarias de implementar a partir de las recomendaciones que hizo la Mesa de Reactivación Laboral?

“En el informe no jerarquizamos las medidas entre más o menos prioritarias. Dada la delicada situación del mercado laboral, el Gobierno debería comenzar a impulsar cada una de ellas. Lo que no puede ocurrir, como ha sucedido con otros informes, es que estas propuestas queden guardadas en un cajón”.

“Nuestro análisis es que el crecimiento económico es el principal motor para generar empleo, pero no será suficiente para hacer frente a la emergencia laboral. El Ejecutivo paralelamente debe empujar las medidas que se proponen para disminuir los costos laborales, bajar las barreras de entrada a ciertos grupos de trabajadores, especialmente a las mujeres, y contribuir a un mercado laboral más eficiente”.

—En este contexto, ¿el proyecto de sala cuna podría tener impactos laborales en el corto plazo o tiene una perspectiva más de mediano plazo?

“En el informe establecemos como una medida urgente aprobar el proyecto de sala cuna. No solo porque resuelve una importante necesidad de cuidado para hijos de madres y padres trabajadores entre los 6 meses y los 2 años, sino porque la legislación actual —que hace recaer el costo de este derecho en el empleador— encarece la contratación de todas las mujeres. Por eso debería tener un efecto inmediato al eliminar el ‘impuesto’ a la contratación de mujeres del artículo 203 del Código del Trabajo”.

—En esta línea, ¿qué otros ajustes más se podrían realizar?

“Los desafíos de inserción laboral femenina no terminan con la sala cuna. A lo largo del ciclo de vida de los niños existen vacíos importantes en la provisión de servicios de cuidado que no están resueltos. Por eso, desde la Mesa proponemos ampliar la cobertura preescolar entre los 2 y los 4 años, y avanzar gradualmente hacia un sistema de cuidado extraescolar que use la infraestructura de los colegios”.

“Hoy ser madre y trabajar no es una opción real para miles de mujeres. Por eso nuestras propuestas apuntan a entregar soluciones de cuidado para todas las edades, junto con un mercado laboral con jornadas más flexibles, ambas agendas son fundamentales para la inserción laboral femenina”.

—¿La fórmula que plantean para introducir mayor adaptabilidad en la aplicación de la jornada a 40 horas no implica mayores horas de trabajo en términos netos?

“No. Nuestra propuesta busca hacerse cargo de un gran desafío: la reducción de la jornada a 40 horas semanales no vino acompañada de la adaptabilidad necesaria para una buena implementación. Hoy el período sobre el cual se promedia la jornada es de solo 4 semanas, lo que ubica a Chile como el más restrictivo entre los 20 países de la OCDE que cuentan con mecanismos de distribución horaria”.

“Nuestra propuesta es extender ese período de referencia hacia el promedio OCDE de 15 semanas o hasta 52 semanas, como lo hacen Alemania o los Países Bajos, pero mante niendo el máximo de horas semanales vigente. La evidencia muestra que mientras más largo es este período, mejor se alinean las necesidades productivas con las de los trabajadores: permite adaptar la dotación sin recurrir a despidos, y esa misma flexibilidad facilita el acceso al mundo laboral a mujeres y jóvenes, adaptando la jornada a sus necesidades”.

—¿Por qué se planteó priorizar el Subsidio Unificado al Empleo en lugar del crédito tributario a la contratación?

“Su alto costo fiscal fue, sin duda, una razón para analizar esta medida, pero no la única. Lo que hicimos fue estudiar su potencial impacto en el empleo, revisar cómo ha funcionado este tipo de mecanismos en otros países, y evaluar alternativas. Luego de ese análisis, nuestra propuesta es apostar a fortalecer y mejorar el recién aprobado Subsidio Unificado al Empleo, que ya resuelve varios problemas de diseño que tenían el Subsidio al Empleo Joven y el Bono al Trabajo de la Mujer al unificarlos. En esa herramienta vemos oportunidades de ampliación y fortalecimiento, ya que tiene el objetivo concreto de crear empleo formal para grupos prioritarios como mujeres y jóvenes”.

“Si queremos hacernos cargo de la emergencia laboral, no podemos seguir mirando hacia otro lado”

—A partir de la falta de certeza que hay en la aplicación de los despidos por necesidades de la empresa, ¿se requiere una reforma legal a la regulación de las desvinculaciones?

“Al respecto, proponemos fortalecer el Código del Trabajo para explicitar qué constituye necesidades de la empresa, incluyendo aspectos como cierres de establecimientos, bajas sostenidas en ventas o producción, entre otros casos. La interpretación judicial reciente ha restringido esta causal hasta casi equipararla a circunstancias excepcionales, incentivando la judicialización, lo que im pacta negativamente la contratación formal y afecta la productividad de los trabajadores al frenar la rotación hacia empleos donde podrían ser más productivos”.

—¿Un cambio en el actual sistema de indemnización por años de servicio para avanzar a una indemnización a todo evento, es la medida técnicamente más compleja de implementar?

“Más que dificultades técnicas, es una de las medidas que requerirá mayor trabajo para alcanzar acuerdos, ya que ha presentado más resistencia desde los trabajadores. Nosotros proponemos avanzar hacia una indemnización a todo evento que fortalezca este derecho, aplicándola a los nuevos contratos, sin cambiar las reglas de los trabajadores actuales”.

“Chile hoy cuenta con un sistema muy caro, y modificarlo ha sido una recomendación insistente de la OCDE. La indemnización por años de servicio actual traba la movilidad de los trabajadores y desincentiva la contratación formal. A pesar de ese diagnóstico compartido, no ha sido posible avanzar hacia un nuevo sistema”.

—¿Se asume entonces que esta reforma junto a los cambios en 40 horas son complicados de discutir políticamente?

“Son temas más sensibles, pero eso no significa que no deban abordarse. Son discusiones que tienen que darse: llevamos muchos años de inacción en reformas laborales urgentes que moverían la aguja en la creación de empleo”.

“Las propuestas de la Mesa buscan mejorar las condiciones de los trabajadores, no perjudicarlos ni retroceder en derechos. Históricamente, tocar la indemnización ha sido visto como un retroceso, y debemos salir de ese estigma. Solo un 20% de las relaciones laborales termina con derecho a indemnización, lo que evidencia un sistema inequitativo y disfuncional. Si queremos hacernos cargo de la emergencia laboral, no podemos seguir mirando hacia otro lado frente a desafíos que están frente a nuestras narices”.

Esta entrevista se publicó en El Mercurio.