La trampa de la Casen

De acuerdo con la nueva Casen, con una metodología más exigente de medición, entre 2022 y 2024 la tasa de pobreza disminuye desde 20,5% a 17,3% lo que significa una menor vulnerabilidad económica para miles de hogares. Sin embargo, esta reducción se explica principalmente por el aumento de las transferencias monetarias, una tendencia ya observada en la Casen anterior. Si bien la PGU explica una parte relevante de este resultado, también se registra una preocupante caída en los ingresos laborales de los hogares sin adultos mayores. Así, el Estado ha sido efectivo en proteger a los hogares —especialmente a los de menores ingresos—, pero no en “graduarlos” del sistema de ayudas, configurando una política social difícilmente sostenible en el tiempo.

Este escenario se ve agravado por el bajo crecimiento económico de los últimos años, que se ha traducido en una casi nula creación de empleo, sumado a reformas como las 40 horas que han encarecido la contratación. Más de 2 millones de trabajadores son subempleados —personas que trabajan menos horas de las que desearían o que están sobrecalificadas para su trabajo—impactando negativamente sus ingresos laborales. A ello se suma un nivel de inactividad habitual superior al de la prepandemia: 5,3 millones de personas que no están ocupadas no buscan empleo ni están disponibles para trabajar. Volver a crecer es una condición necesaria, pero no será suficiente para revertir esta situación.

Si queremos revertir esta tendencia, es indispensable reducir los costos de la contratación formal. La actual legislación de sala cuna castiga y desincentiva la contratación de mujeres, mientras que el sistema de indemnización por años de servicio encarece el empleo formal y limita la movilidad laboral. A ello se suma la necesidad de avanzar en mayores niveles de adaptabilidad laboral, clave para mejorar la calidad del empleo, la productividad y la incorporación de grupos rezagados como mujeres y jóvenes. Asimismo, resulta impostergable reformular el Sence para que efectivamente contribuya a aumentar la productividad y la empleabilidad de las personas.

Los desafíos trascienden el mundo laboral. Los requisitos de acceso a beneficios como la gratuidad en educación o los subsidios habitacionales desincentiva tanto el aumento como la declaración de ingresos autónomos. Los cortes abruptos y la forma en que se construye la caracterización socioeconómica en el Registro Social de Hogares no contribuyen a la autonomía económica de los hogares. Mejorar estas herramientas es un desafío pendiente si realmente queremos acompañar a las familias en su trayectoria de progreso y no hacerlas dependientes del Estado.

Hoy enfrentamos una combinación particularmente adversa: bajas oportunidades laborales, altos costos de contratación formal y una política social que no incentiva el aumento de los ingresos del trabajo. La promesa de retomar el crecimiento económico del gobierno entrante debe ir acompañada de medidas para atender estos desafíos, de lo contrario seguiremos celebrando salidas de pobreza insostenibles en el tiempo.

Esta columna se publicó en el Diario Financiero.