Una metodología para un acuerdo

Chile necesita volver a crecer. Hoy existe un consenso transversal en torno a esa urgencia, tras más de una década con un crecimiento promedio anual de apenas 1,9%. Es una constatación básica: sin crecimiento no habrá más empleo, ni mejoras sostenidas en los ingresos, ni capacidad fiscal para responder a las demandas sociales. Y el contexto apremia. Las proyecciones para este año bordean el 2%, en un escenario internacional incierto y exigente.

En ese marco, avanzar en una reforma estructural procrecimiento es urgente. Pero la pregunta decisiva es otra: cómo construir una hoja de ruta que sea políticamente viable y, sobre todo, sostenible en el tiempo.

Intentar sacar adelante cambios de esta envergadura con mayorías frágiles o acuerdos circunstanciales no solo es inestable; es contraproducente. Una reforma que no genera certezas termina debilitando precisamente aquello que busca fortalecer: la confianza en su sostenibilidad.

Por eso, la discusión legislativa no debe enfocarse únicamente en el contenido, sino también en el método. En este punto, la reciente reforma previsional ofrece un referente útil, con lecciones que vale la pena considerar.

Primero, se construyó un consenso transversal sobre el problema a resolver. Durante años, el sistema de pensiones acumuló críticas y evidencia de insuficiencia. Más allá de las diferencias ideológicas, se trabajó sobre una convicción simple y compartida: había que mejorar las pensiones. Ese diagnóstico común fue la base para iniciar el trabajo.

Segundo, se definieron objetivos compartidos. No se intentó resolver todas las diferencias desde el inicio, sino ordenar la discusión. Mejorar las pensiones de los actuales jubilados y de los futuros fue el punto de partida. Ese marco permitió distinguir entre fines e instrumentos, evitando que el debate quedara atrapado en posiciones maximalistas.

Tercero, se estableció un sistema de trabajo que combinó de manera estratégica lo técnico y lo político. Se diseñó una metodología en que expertos avanzaban en acuerdos acotados —“temas autocontenidos”— con respaldo político explícito: cuando había convergencia en ciertos puntos, estos se transformaban en base de avance. La política no desapareció, pero dio espacio a los expertos para trabajar con autonomía, en reserva y sin presión pública. Este proceso exigió confianza política y disposición a construir acuerdos incrementales. En él fueron claves los senadores Juan Antonio Coloma, Rodrigo Galilea y Luciano Cruz-Coke, junto a figuras del Ejecutivo como Mario Marcel, Macarena Lobos y Jeannette Jara.

Cuarto, existió una comprensión compartida de la urgencia. Había conciencia de que el costo de no hacer nada era mayor que el de ceder en ciertos puntos. Asesores, técnicos y dirigentes políticos operaron durante semanas bajo una lógica de negociación reservada. No por voluntarismo, sino porque existía una ventana de oportunidad concreta —marcada también por el calendario electoral— que obligaba a avanzar.

El resultado no fue perfecto. Ningún acuerdo lo es. Pero sí fue un avance sustantivo: mejoró las pensiones y se construyó sobre bases que le otorgan estabilidad y legitimidad.

Estos aprendizajes son especialmente pertinentes hoy. No se trata de acordar por acordar, sino de construir buenos acuerdos. Las reformas educacional y tributaria del segundo gobierno de la presidenta Bachelet contaron con acuerdos legislativos sustentados en mayorías políticas, sin los adecuados consensos técnicos. Sus resultados han sido ampliamente decepcionantes. Por eso, resulta relevante destacar la metodología que viabilizó el acuerdo previsional, mediante la cual se logró una reforma significativa que preservó y fortaleció el sistema de capitalización individual.

Para que un acuerdo de esa naturaleza vuelva a ser posible se requieren dos condiciones. Primero, una convicción compartida respecto del objetivo final: recuperar el crecimiento económico mediante un marco tributario más competitivo y medidas eficaces para enfrentar la permisología. Sin un horizonte común, no hay acuerdo posible. Segundo, disposición genuina a colaborar. Bajo una lógica obstruccionista, cualquier entendimiento se vuelve inviable.

Dados los reparos técnicos sobre la sostenibilidad fiscal de la reforma en discusión, introducir ajustes parece ineludible, lo que requerirá consensos técnicos capaces de otorgar viabilidad política y económica. El respaldo ciudadano y las mayorías legislativas son condiciones necesarias, pero no suficientes. Los retiros previsionales lo ilustran: tuvieron amplio apoyo y votos suficientes, pero carecieron de sustento técnico, y sus consecuencias aún persisten