La tramitación del Presupuesto en una situación fiscal alarmante

Chile se encuentra nuevamente ante un Presupuesto que no enfrenta con realismo la delicada situación fiscal. En este contexto, la Comisión Especial Mixta de Presupuestos ha rechazado casi por completo el Proyecto de ley de Presupuesto 2026 y desgraciadamente existen legítimas razones para este resultado.

En primer lugar, el país se encamina al tercer año consecutivo de incumplimiento de la meta de Balance Estructural (2023–2025), y a la luz del Proyecto de Ley de Presupuesto 2026, el próximo año la historia se repetiría. Agrava aún más este panorama el hecho de que el Gobierno haya modificado sus propias metas, en un contexto en que no ha existido ninguna crisis extraordinaria que lo justifique. Este comportamiento ha terminado por dinamitar el esquema de metas de balance estructural que, por más de dos décadas, dio sustento a la responsabilidad fiscal chilena.

Como ha advertido el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), el cuadro actual muestra “estrés fiscal prolongado, reflejado en déficits estructurales persistentes, espacios fiscales restringidos, un acercamiento de la deuda a su nivel prudente, y riesgos macrofiscales en el corto y mediano plazo”. Agregando que si la tendencia continúa, hay una probabilidad cercana al 50% de que la deuda pública supere el nivel prudente de 45% del PIB en 2027.

Ingresos sobrestimados, gastos subestimados

En segundo lugar, el Proyecto de Ley de Presupuestos 2026 parece repetir los mismos vicios que han llevado a los actuales desajustes: el gobierno ha sobreestimado sistemáticamente los ingresos en los años anteriores, dando la falsa sensación de que hay más espacio para gastar del que verdaderamente existe. La consecuencia está a la vista: déficit superiores a lo presupuestado, aumento de la deuda pública e incumplimiento de las metas de Balance Estructural. En este contexto, sorprende que los ingresos estructurales crezcan 7,7% real, con lo que pasarían de representar el 22,1% del PIB de 2025 al 23,3% en 2026. Recordemos que son los ingresos estructurales los que fijan el volumen de gasto para que sea compatible con la meta.

Por ejemplo, se observa una optimista estimación de la recaudación adicional que tendrá la Ley de Cumplimiento Tributario, que el Ejecutivo calcula en 1,47% del PIB en régimen. Tanto el FMI como el CFA han señalado que esa proyección es altamente incierta. De acuerdo al organismo internacional, reformas similares en otros países han elevado los ingresos en torno a 0,5% del PIB, es decir, un tercio de lo esperado por el Gobierno.

En tercer lugar, los gastos parecen estar subestimados. El Ejecutivo sostiene que el gasto crece un 1,7% real, lo que se encuentra dentro de las expectativas; sin embargo, si se compara con la ejecución proyectada para 2025, el verdadero impulso fiscal asciende a 2,5%. Destaca que las provisiones parecen ser insuficientes para hacer frente a compromisos futuros, en particular para el reajuste del sector público y las subvenciones educacionales.

En cuarto lugar, el gobierno ha hecho un uso intensivo del FEES (sin mediar una crisis), que hoy se encuentra en niveles históricamente bajos, lo que le impediría cumplir el rol de proveer recursos en una emergencia.

Una distracción llamada “glosa republicana”

En este contexto, la controversia por la eliminación de la “glosa republicana” parece más una cortina de humo para evitar el debate de fondo. Lo verdaderamente preocupante no es su eliminación, sino la pérdida de anclas fiscales, la presentación de un presupuesto que presumiblemente no está financiado y la creciente brecha entre las metas y los resultados efectivos. Si el presupuesto no está financiado, la existencia de la glosa es, en la práctica, irrelevante.

Un llamado a recuperar la disciplina fiscal

La Ley que Promueve la Responsabilidad y Transparencia en la Gestión Financiera del Estado nació para prevenir exactamente lo que vivimos: la falta de disciplina fiscal. Esta ley buscaba que se realizaran las acciones necesarias para corregir oportunamente los desajustes que se produjeran durante el año o bien proponer medidas correctivas para compensarlos el año siguiente. Esto no ha ocurrido. Así, no sólo se debilita la capacidad del Estado para responder ante emergencias o nuevas demandas sociales, sino que también compromete la estabilidad macroeconómica y la confianza en las instituciones.

Esta columna se elaboró para el centro de estudios Horizontal.