Del dicho al hecho: el desafío de Gabriel Boric
Si de algo podemos estar seguros, es que Gabriel Boric asumirá este marzo debiendo cumplir una serie de promesas contenidas en su programa destinadas a mejorar la calidad de vida de los trabajadores. En esta área, el presidente electo ha propuesto finalizar su mandato con un salario mínimo de $500.000; ampliar la cobertura de la negociación sindical; y aumentar la cotización previsional del 10% al 16% del salario imponible. Todo esto, acompañado de una reducción de la jornada semanal a 40 horas, causa que la futura ministra del Trabajo apoya con fuerza. Si bien todas estas propuestas atienden a problemas concretos, ponerlas en práctica requerirá sopesar sus riesgos e implicancias.
La ambición de las reformas de Boric supera con creces aquella de sus antecesores, involucrando en general un trade off entre los objetivos que se quiere lograr y potenciales consecuencias indeseadas. En este sentido, no es difícil imaginar que imponer una menor jornada o aumentar el salario mínimo sin ningún miramiento sobre la economía real puede mermar la creación de empleos e incentivar la informalidad. Esto significaría un retroceso en objetivos fundamentales de la política laboral, como la inclusión de jóvenes y mujeres en la fuerza de trabajo, y el mejoramiento de las condiciones en que hoy se encuentran los dos millones y medio de trabajadores informales.
El presidente electo no está ajeno a estas preocupaciones, y ha anunciado un subsidio para que la pequeña y mediana empresa pueda asumir los costos relacionados a las medidas anteriores. Sin embargo, además de que existan formas más sencillas de apoyo, la posibilidad de elevar salarios y reducir la carga laboral, al nivel del mundo desarrollado y de manera sustentable, pasa invariablemente por aumentar la productividad del trabajo. Por ejemplo, si bien el salario base de un trabajador promedio de la OCDE es aproximadamente el doble que el de uno chileno, esto es permitido por una productividad 70% mayor. No hay magia en esto.
Así, pese a que las propuestas buscan resolver problemas genuinos y la discusión de estas pueda resultar valiosa en su propio mérito y contexto, es crucial que el futuro gobierno esté consciente de la necesidad de crear las condiciones necesarias para implementarlas exitosamente. Naturalmente, esto es un desafío complejo que pasa por aspectos poco atractivos en términos electorales, pero que son ineludibles para quien está a cargo de dirigir el país. Por ello, es esencial que el debate venga acompañado de una discusión sobre cómo mejorar las competencias de la fuerza laboral y cómo crear nuevas oportunidades de producción para ella.
A fin de cuentas, la legitimidad de estas promesas recaerá en la capacidad del Ejecutivo de concretarlas de manera responsable, minimizando sus consecuencias negativas y conciliando las expectativas sociales que han generado con las posibilidades económicas del país. Ahí está el real desafío.
*Publicada en El Líbero.
