Contra el ahogo burocrático (y cultural) por el crecimiento

Durante décadas, el debate entre crecimiento económico y protección ambiental se ha planteado como una disyuntiva irreconciliable. Hoy, esa tensión se está reconfigurando: el mundo necesita la transición energética para evitar la catástrofe del calentamiento global, pero no habrá descarbonización sin cobre, sin litio, sin energías limpias. En ese nuevo mapa, Chile debe ser un actor clave. Por suerte, el planeta necesita que Chile crezca.

Si queremos lograr el objetivo, todos tendremos que ceder: el Estado deberá disminuir y mejorar sus exigencias burocráticas, los funcionarios mejorar su desempeño y los ciudadanos respetar las decisiones. En el documento “Con Permiso para Crecer, 30 Propuestas Para Destrabar la Inversión”, liderado por Horizontal, propusimos diversas medidas concretas para enfrentar estos desafíos.

La “permisología” (ese término ya convertido en cliché) no es solo un problema técnico, es un síntoma de una cultura institucional y social que ha perdido de vista el propósito de sus propias reglas. En “Con Permiso Para Crecer”, presentamos la idea de “permisología en base cero” consistente en una revisión exhaustiva y sistemática de toda la regulación ambiental y sectorial, con el fin de que éstas cumplan con el objetivo de protección para el que fueron creadas, sean atingentes y lo más costo-efectivas posible. Planteamos que esta revisión sea periódica (cada seis años), partiendo por las normativas antiguas, dejando sin efecto las regulaciones o permisos obsoletos o que no se justifiquen.

No se trata de querer más o menos Estado, se trata de rediseñar el sistema para que sea capaz de habilitar el desarrollo sin renunciar a la protección ambiental. No es una motosierra, como han dicho algunos, es sensatez regulatoria. El exceso y opacidad regulatoria no es buena para el medio ambiente, pues se necesitan permisos bien diseñados y tramitados, que resguarden adecuadamente el bien protegido y no que operen como arma de desgaste en contra de la ejecución de proyectos.

Hemos tenido experiencias similares. La reforma al sistema notarial iniciada el año 2020 tenía como uno de sus pilares, disminuir el número de trámites que exigían firma notarial. El gobierno de la época hizo un rastreo interno que arrojó que se requerían cientos de estos trámites sin fundamento. Algunos se eliminaron a través de la ley No. 21.582, la que además establece que, por regla general, el Estado no pedirá firma autorizada ante notario para trámites que deban realizarse ante él. Este es el tipo de medidas que nos gustaría que se adopten.

Pero el cambio no es solo un asunto de normas, es también de funcionarios que evalúen objetiva y diligentemente si los proyectos cumplen con la ley. Hoy, el empleo público está, en la práctica, exento de cualquier tipo de evaluación de desempeño y muchas veces los funcionarios demoran lo que quieren según sus propios ritmos o agendas. Por ejemplo, el permiso de obra hidráulica mayor demora 49 meses, a pesar de que el plazo legal es de solo seis (CNEP 2019).

Para abordar este problema, proponemos la creación de un estatuto laboral para los funcionarios involucrados en la tramitación de permisos, los que serán de carácter técnico, elegidos a través del sistema de Alta Dirección Pública, quienes podrán acceder a bonificaciones por cumplimiento de objetivos. Además, se propone establecer plazos fatales para la administración y remover o sancionar administrativamente a los que incumplan las normas, entre otras medidas.

Por otro lado, mejorar el sistema también es necesario para que la sociedad y los grupos de interés respeten y confíen en las reglas y decisiones de la autoridad.

El caso del supermercado en Zapallar es ilustrativo. Más allá del mérito del proyecto, el rechazo por parte de algunos grupos, que en otras ocasiones pedían el fin de la “permisología”, se articuló con los mismos argumentos que usan los más radicales: “no nos oponemos al progreso, pero aquí no”. Si las reglas son claras y se aplican con objetividad, hay que respetarlas incluso cuando los resultados no nos gusten.

Para evitar la dilación excesiva del inicio de proyectos, aumentar la certeza jurídica y hacer respetar las autorizaciones, se deben reforzar y simplificar las instancias de reclamaciones administrativas y judicializaciones. Proponemos fortalecer el rol de los tribunales ambientales, eliminando la casación ante la Corte Suprema y la solicitud de invalidación administrativa de proyectos. Cuando se aprueba o se rechaza, podrá reclamarse ante los tribunales especializados y su decisión debiese ser definitiva y respetada.

Hoy existe un consenso inédito: Chile está estancado, y la burocracia es parte del problema. Pero el verdadero desafío es transformar ese diagnóstico compartido en acciones concretas, aunque algunos tengamos que ceder en algo.

Esta columna se elaboró para el centro de estudios Horizontal.