Permiso para crecer

Tenemos la convicción de que el desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente solo se lograrán con más inversión, no con menos. Sin embargo, un complejo entramado de regulaciones y una gestión estatal atrofiada lo impiden. El Estado dejó de ser un socio en la ejecución de proyectos y, por el contrario, se volvió un obstáculo monumental. Es urgente cambiar esta realidad.

Desde agosto de 2024, convocados por Horizontal, trabajamos en 30 propuestas para transformar nuestro sistema ambiental y sectorial de autorización de proyectos. Aquí, algunas de las principales recomendaciones.

Partamos por lo básico. En su regulación ambiental, países como Francia o Canadá mencionan expresamente la conciliación entre desarrollo económico y protección ambiental. En nuestro caso, si bien la Ley 19.300 incorpora la noción de desarrollo sustentable (art. 2), este principio se aplica de manera fragmentada y con escasa operatividad. Por lo tanto, en lugar de integrar objetivos económicos y ecológicos, tiende a enfrentarlos. Urge entonces, como cambio de paradigma, declarar explícitamente este objetivo, dejando atrás la falsa dicotomía entre crecimiento y sustentabilidad.

En lo normativo, la falta de un análisis de impacto regulatorio, ha derivado en una excesiva proliferación de decretos, reglamentos y guías. Esto complejiza el sistema, aumenta la discrecionalidad del evaluador y dificulta fiscalizar lo relevante. Por ejemplo, mientras la Ley 19.300 y sus reglamentos suman unas 300 páginas, las 65 guías del SEA -que deben orientar y uniformar criterios- superan las 1.000: un 853% de aumento desde 2010.

Proponemos, por lo tanto, revisar y derogar normativas bajo el principio de “permisología base cero”. Esto es: una vez definido el objetivo y estándar de protección, se elimina o modifica toda norma que no contribuya a su cumplimiento. Debemos identificar redundancias, superposiciones y disposiciones obsoletas, bajo un enfoque de gestión de riesgo ambiental. Esto, a su vez, nos ayudaría a pasar del actual equilibrio, que por momentos parece minimizar inversión para cumplir un cierto estándar, a uno más virtuoso que maximice la inversión cumpliendo dicho estándar.

Después de más de una década, el SEA requiere cambios profundos. Proponemos reemplazarlo por una nueva Agencia de Evaluación Ambiental, gobernada por un órgano colegiado compuesto por cinco consejeros técnicos. También proponemos una etapa de evaluación temprana opcional para grandes proyectos, tramitación expedita para proyectos estandarizados, un régimen de invariabilidad regulatoria, y acotar sustancialmente la participación de otros servicios que hoy elevan costos y plazos con exigencias discrecionales.

Mención especial merecen las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), que tras una reforma de 2012 deben demostrar la inexistencia de impactos ambientales significativos, invirtiendo el peso de la prueba en los titulares. Proponemos volver a su origen: simples declaraciones juradas, pero con sanciones severas ante falsedad o incumplimiento.

También proponemos una transformación profunda a la gestión pública: una oficina coordinadora con amplias atribuciones; equipos técnicos para proyectos estratégicos, un nuevo estatuto especial similar al Código del Trabajo y selección por ADP para todos los funcionarios intervinientes en el proceso de autorización de permisos; bonos institucionales por cumplimiento; y uso de inteligencia artificial para optimizar procesos críticos. Sin cambiar las herramientas e incentivos que enfrentan los funcionarios públicos, ninguna mejora regulatoria será suficiente.

Además, abordamos cuellos de botella específicos. Entre ellos: trasladar del Consejo de Monumentos Nacionales al Servicio del Patrimonio todos los permisos de hallazgos arqueológicos, junto con fortalecer las capacidades de este último. También proponemos postergar el efecto suspensivo de las solicitudes de la Ley Lafkenche y consolidar la figura de revisores externos en todos los permisos sectoriales, con altos estándares de calidad, independencia y transparencia.

El costo de la permisología (Comisión Marfán 2023, USS 2024, CEP 2025) es demasiado alto frente al doble desafío de retomar el crecimiento económico y proteger el medio ambiente. Lo positivo es que hoy tenemos un consenso: la agobiante permisología es un impuesto a la inversión, al desarrollo y al bienestar. Es hora de convertir ese consenso en una decidida política de Estado. En este año electoral, esperamos que este trabajo nutra el debate público y, por fin, nos demos permiso para crecer.

Juan José Bouchon – Ignacio Briones – Edesio Carrasco – Cristóbal de la Maza – Juan Pablo Escudero – Jorge Ferrando – Luis Eugenio García Huidobro – Juan Carlos Jobet – Ricardo Katz – Marcela Klein – Santiago Montiel – Juan José Obach – Paulina Riquelme – Francisca Toledo – José Antonio Valenzuela

Esta columna se publicó en El Líbero.