Chile a oscuras ante emergencias
Más de 19 millones de personas fueron afectadas este martes por un apagón sin precedentes, paralizando nuestras actividades esenciales y la cadena productiva del país. Metro detenido, semáforos fuera de servicio, la red telefónica colapsada y millones de hogares sin luz. Un caos absoluto. Los costos para nuestra economía aún no son cuantificados, a lo que se suman las dificultades enfrentadas por aquellos que su vida depende de la electricidad (cobrando la vida de tres electrodependientes), los costos de la suspensión del transporte público y la incomunicación telefónica, las perdidas en alimentos e insumos, entre algunos de los negativos impactos ante la extrema inseguridad y vulnerabilidad vivida.
En lugar de ofrecer soluciones y entregar certezas, el Presidente optó por indignarse y culpar únicamente al sector privado, anteponiéndose a la investigación en curso que determinará las responsabilidades, y olvidando que el resguardo de la infraestructura crítica es responsabilidad del Estado. La baja inversión en el sector eléctrico responde por una parte a un exceso de regulaciones y trabas burocráticas y por otro lado se debe tomar en cuenta que las tarifas eléctricas están reguladas por Ley, por lo que cualquier mejora significativa en la infraestructura afecta los precios finales de los consumidores y por tanto las grandes inversiones eléctricas son una decisión que compete al Ejecutivo.
Más allá de este episodio puntual, que confirma la baja preparación del Gobierno para enfrentar eventos adversos, la crisis expone un problema estructural: Chile no está adecuadamente preparado para enfrentar emergencias. La nueva institucionalidad, la cual incluye un nuevo servicio en reemplazo de la Onemi y la creación de los comités para la gestión del riesgo de desastres, aún no demuestra ser efectiva. Es muy débil la coordinación entre instituciones y ministerios involucrados, y por sobre todo carece de una estrategia permanente, que no solo se active durante un evento adverso, sino que incluya medidas preventivas y posterior a la emergencia: para garantizar la recuperación de activos físicos y productivos de las personas.
El primer paso es asumir que las emergencias en Chile no son excepciones, son la norma. El cambio climático ha intensificado la ocurrencia de eventos extremos en la región, tales como aluviones, sequías e inundaciones, duplicándose en las últimas dos décadas. Y a estos se suman nuevos riesgos, como los ciberataques y amenazas derivadas del uso de inteligencia artificial para los cuales no contamos con una estrategia. El correcto funcionamiento de nuestra infraestructura crítica requiere de inversión, pero también de planificación. Necesitamos un enfoque integral que no solo reaccione ante la emergencia, sino que la prevenga y minimice su impacto. Porque un país que vive apagado, a ciegas y sin estrategia, está destinado a tropezar una y otra vez con los mismos errores.
Esta columna se publicó en La Segunda.
