La seguridad como política de Estado

La crisis de seguridad que estamos viviendo hoy es la más compleja desde el retorno a la democracia. El 2022 y 2023 son los dos años con más asesinatos en la historia reciente de Chile, con 834 y 813 homicidios respectivamente, según información oficial de Carabineros de Chile. Además, el 2022, 2023 y lo que va del 2024, los robos con violencia se han incrementado ininterrumpidamente un 65%, 8,5% y 1,4% respectivamente y los delitos de mayor connotación social aumentaron un 45,7% el 2022 y un 5,5% el 2023. Esto sin contar que la percepción de inseguridad, según la última ENUSC, se elevó a niveles históricos, con un 90,6%.

El terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, las principales amenazas delictuales que tiene el país, no distinguen en sus víctimas condición social ni color político. El flagelo criminal avanza buscando expandir su control, llenar los espacios que el Estado ha abandonado y disputar los diversos territorios. Lo anterior, termina afectando los derechos fundamentales de miles de personas cada día sin distinción.

Mientras, actores del Estado, ya sea por ideología, por ineficiencia o por indiferencia han profundizado la crisis de seguridad irresponsablemente. La estela del 18 de octubre en su faz delictual sigue soterradamente muy presente donde fines y medios se confunden dando paso a la relativización de la violencia, la desconfianza hacia el actuar de las policías y las Fuerzas Armadas y el debilitamiento de las instituciones. La ideología en su máxima expresión.

Por otro lado, la ineficiencia. Resulta inexplicable que tengamos la misma ley de Inteligencia que hace 20 años, sin modificación alguna. Pensemos cómo el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado ha crecido en dos décadas. Un proyecto de ley del expresidente Piñera que moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado lleva a la fecha más de cinco años tramitándose sin ver aún la luz. Sin inteligencia nuestras policías y Fuerzas Armadas operan a ciegas. Eso mismo ocurre con múltiples otras medidas.

La ineficiencia claramente debe desterrarse del Estado. De igual modo la indiferencia. La dimensión social de la amenaza delictual del crimen organizado debe reforzarse. Cuando el flagelo delictual avanza, las libertades se restringen y la sociedad se debilita dando paso a la ley del más fuerte, a la dictadura del terrorismo, del narcotráfico y del crimen organizado. Por ello también, la seguridad debe ser prioritaria, más que mal, es la razón de ser del Estado.

Así las cosas, mientras la ideología, la ineficiencia y la indiferencia sigan presentes, continuarán siendo los ingredientes perfectos para el avance de las principales amenazas delictuales que tiene el país y con ello, la profundización de la crisis.  De ahí que resulte extremadamente necesario asumir la seguridad como política de Estado con la priorización, profesionalismo y eficiencia que se requiere, sin lugar a dudas, el principal desafío.

Esta columna la elaboró el abogado y excoordinador Nacional de Seguridad de la Macrozona Sur, Pablo Urquizar para Horizontal.