La hora del consenso

El Gobierno llamó a no sobreinterpretar la cifra del último Imacec de un 0%, pero a su vez reconoció que no se llegará al crecimiento anual de un 2,6% que proyectaban. El problema es justamente lo que encontramos al ir más allá de esta decepcionante cifra: nuestro crecimiento económico de la última década ha sido en torno al 1,9% y los últimos 15 años han sido perdidos en términos del crecimiento de la productividad agregada. Es decir, no estamos ante un evento circunstancial.

Para cambiar la tendencia de largo plazo, no serán suficientes las buenas intenciones de priorizar el crecimiento; se requieren reformas que permitan a Chile salir de una vez de la trampa del ingreso medio. Los países que han logrado el progreso de manera sostenible lo han hecho a través de una estrategia deliberada, es decir, mediante un pacto de desarrollo.

Una efectiva hoja de ruta común requiere al menos tres cosas. Primero, generar un consenso lo más transversal posible sobre un diagnóstico y la necesidad de cambiar el rumbo. Segundo, salir de la mirada cortoplacista y estar dispuestos a hacer sacrificios. Una estrategia de crecimiento que permita dar el salto en desarrollo requiere de decisiones impopulares. Y tercero, consensuar sin complejos que el crecimiento económico es fundamental para nuestro progreso. Debe existir un acuerdo en que sin crecimiento no podrán salir de la pobreza los 1,2 millones de hogares que están en esta situación, no será posible generar más y mejores empleos y no podremos financiar las postergadas reformas sociales. El crecimiento no es la varita mágica para todos nuestros problemas, pero sí una condición necesaria para progresar.

Si no nos hacemos cargo de lo que funciona mal no nos sorprendamos de continuar en este estancamiento. Sin un pacto transversal entre los principales actores del sector privado, la sociedad civil, el mundo académico y político, que nos oriente hacia dónde debemos ir, seguiremos empantanados.

Este desafío requiere consensuar elementos claves, como la importancia que tienen los recursos naturales para el desarrollo (con la imperativa protección del medioambiente) o lo urgente que es facilitar una efectiva colaboración público-privada y entregar certezas jurídicas para la inversión tanto extranjera como local.

Desde hace un tiempo, los diagnósticos a los problemas que nos aquejan están bastante claros. Entre ellos, necesitamos modernizar el Estado en distintas dimensiones tales como el empleo público o los cientos de programas mal evaluados, requerimos de un sistema educativo que corrija (y no exacerbe) las desigualdades y que converse con las necesidades el mundo laboral. Y, por cierto, es fundamental reformar el sistema político para avanzar en estos desafíos. Todas estas decisiones incómodas no están siendo abordadas. Pero más de lo mismo no traerá nuevos resultados.

Esta columna se publicó en La Segunda.